Una presidencia municipal marcada por la opacidad
En un momento histórico donde la rendición de cuentas debería ser la norma, el gobierno de Victoria Víquez Vega en Melchor Ocampo se ha convertido en sinónimo de oscurantismo administrativo. La presidenta municipal, emanada del partido Morena, ha evadido sistemáticamente su obligación de transparentar su salario, tanto en su administración actual (2025–2027) como en la pasada.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece claramente que los funcionarios deben publicar sus percepciones salariales. Sin embargo, en el portal oficial del gobierno municipal no hay rastro de esta información. ¿Qué oculta la alcaldesa? ¿A qué le teme?
¿Nepotismo disfrazado?
A la falta de información sobre su sueldo se suma una situación aún más grave: la presunta contratación de familiares cercanos en puestos clave del Ayuntamiento. Sobrinos, cuñadas y hasta parientes de cuarto grado han sido señalados por ciudadanos y medios locales como parte del círculo interno que controla la administración.
No se trata solo de favoritismo, sino de una posible estructura de poder basada en vínculos familiares, en donde incluso los novios y novias de los parientes tienen influencia y cargos dentro del municipio.
Áreas sensibles como el DIF municipal, la Coordinación de Comunicación Social, el Registro Civil y la Secretaría Técnica han sido señaladas como ocupadas por personas vinculadas afectivamente a la familia de la alcaldesa. Esto no solo viola el principio de imparcialidad, sino que erosiona la confianza ciudadana.
Lista de raya: ¿nuevo esquema de corrupción?
Una de las acusaciones más serias que ha salido a la luz es el uso de la “Lista de Raya” para el pago de familiares y allegados. Este mecanismo, diseñado originalmente para personal eventual o de campo, estaría siendo utilizado como una vía para burlar la nómina oficial.
Con este método, los pagos no quedan registrados formalmente, y se abre la puerta a simulación de identidades, malversación de recursos y tráfico de influencias. De confirmarse, no estaríamos solo ante una falta administrativa, sino ante posibles delitos penales.
Sin organigrama, sin control
La opacidad del gobierno municipal es tan profunda que ni siquiera se ha publicado el organigrama oficial, otro requisito obligatorio por ley. Esta omisión impide saber cuántos empleados conforman la administración, qué funciones tienen y quién ocupa cada cargo.
Sin transparencia, no hay control. Sin control, no hay democracia. La ciudadanía tiene derecho a saber quién gobierna y cómo se gastan sus impuestos. La negativa de la presidenta municipal a cumplir con estas obligaciones refleja una gestión alejada del interés público y más cercana a intereses personales o familiares.
La exigencia ciudadana: respuestas y auditorías
Melchor Ocampo no puede permitirse un gobierno opaco. La ciudadanía exige explicaciones inmediatas y la intervención de organismos fiscalizadores y de transparencia, tanto estatales como federales. Urge una revisión profunda del uso de recursos públicos, de las contrataciones y del manejo administrativo en general.
Porque cuando la transparencia se convierte en una opción y no en una regla, la corrupción encuentra su mejor aliada en el silencio.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
