La creciente violencia en las áreas productoras de gas natural en el norte de México ha afectado tanto a los trabajadores de la petrolera estatal Pemex como a su producción. En las últimas semanas, se han registrado varios incidentes violentos que han generado preocupación y un ligero diferimiento en la producción de gas, según reportes internos de la empresa obtenidos por Reuters.
Durante el mes de septiembre, al menos tres incidentes violentos tuvieron lugar en áreas donde Pemex cuenta con numerosos pozos de extracción de gas natural, particularmente en el estado de Nuevo León. Estos hechos, detallados en informes de seguridad internos de la empresa, han puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores y provocado la interrupción en las actividades.
Uno de los incidentes más graves ocurrió a inicios de la semana pasada en la zona conocida como Cuervito, donde un grupo de trabajadores encargados de la supervisión y mantenimiento de pozos fue interceptado por hombres armados. Los agresores detuvieron, interrogaron y agredieron físicamente a los empleados de Pemex, advirtiéndoles que no debían continuar trabajando en el área.
En otro suceso registrado a mediados de septiembre en la zona productora de Viboritas, el personal de Pemex quedó atrapado en medio de un enfrentamiento entre grupos criminales. Según el reporte, los trabajadores tuvieron que buscar refugio en comunidades cercanas para protegerse del fuego cruzado.
Un tercer incidente, ocurrido pocos días antes, reporta que el acceso principal a una estación de recolección y compresión de gas en la zona conocida como Culebra fue bloqueado con artefactos no identificados, lo que obligó a los empleados a resguardarse en áreas cercanas.
Las zonas afectadas por estos incidentes están ubicadas dentro de un triángulo geográfico conformado por las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa (en el estado de Tamaulipas) y Monterrey, la capital de Nuevo León. Esta región es conocida por su alta actividad de grupos del crimen organizado, quienes se dedican al tráfico de migrantes, drogas y armas, así como al cobro de “derecho de piso” a diversas actividades económicas.
Entre los grupos criminales que operan en esta zona destacan el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, que mantienen disputas territoriales constantes. También están involucradas organizaciones más pequeñas, como Los Metros, Los Panteras y Los Rojos, que han incrementado la violencia en la región.
Aunque los incidentes violentos han generado incertidumbre en las operaciones de Pemex, su impacto directo en la producción ha sido limitado. Según los reportes, el diferimiento de la producción como consecuencia de estos eventos es inferior a 1.0 millón de pies cúbicos diarios (mmcpd) de gas, una cantidad relativamente pequeña si se compara con los 56 mmcpd que las tres zonas afectadas produjeron en conjunto en agosto de este año.
A pesar de esto, la inseguridad en la región sigue siendo una preocupación para Pemex, que ha solicitado el apoyo de las fuerzas de seguridad. En al menos dos ocasiones, la petrolera estatal ha pedido la intervención de su equipo de seguridad física y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ayudar a controlar la situación y garantizar la seguridad de su personal.
Sin embargo, ni Pemex ni la Sedena han proporcionado información oficial sobre lo sucedido. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la tensión en las zonas productoras de gas natural continúa en aumento.
En conclusión, la violencia en las zonas productoras de gas natural en el norte de México sigue representando un desafío para Pemex. Aunque los incidentes recientes han afectado ligeramente la producción, la seguridad de los trabajadores está en riesgo constante debido a la actividad del crimen organizado. La petrolera estatal se enfrenta a un panorama complicado en una región clave para sus operaciones, donde las disputas territoriales entre grupos criminales amenazan con interrumpir aún más las actividades.
Es imperativo que tanto Pemex como las autoridades mexicanas refuercen las medidas de seguridad en estas áreas para proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de la producción en un sector vital para la economía del país.
