La reforma busca sancionar a quienes obliguen, induzcan o entreguen a menores de edad para vivir en una unión informal con adultos, incluso cuando exista aceptación aparente de la víctima.
El gobierno federal ya no llama embazado infantil ya lo nombra como es fecundidad forzada, violencia sexual, SIPINNA (sistema de protección integral de las niñas, niños y adolescentes) confirma que el 53.8% de estos cosos ya no pasa solo en el campo, pasa en la ciudad, Veracruz tiene la taza de 9.8 embarazos por cada mil niñas, arriba de la media nacional con esta ley el que entregue a su hija por usos y costumbres ira 15 años a la cárcel.
Veracruz, México.— Obligar a una niña o adolescente a vivir como esposa de una persona adulta ya no podrá tratarse como una práctica familiar o una costumbre sin consecuencias legales en Veracruz. La entidad incorporó la cohabitación forzada de menores de edad como delito específico, con penas que pueden alcanzar los 15 años de prisión.
La reforma representa un avance en el reconocimiento de la violencia que enfrentan niñas y adolescentes cuando son presionadas, entregadas o inducidas a establecer una convivencia de pareja antes de cumplir los 18 años. También pone sobre la mesa un problema que persiste en distintas regiones del país: la normalización de uniones tempranas que pueden limitar el desarrollo, la educación y la autonomía de las menores.
De acuerdo con la información difundida sobre el cambio legal, las sanciones van de ocho a 15 años de cárcel para quienes obliguen, induzcan o entreguen a una persona menor de edad para vivir en una unión informal. La aceptación aparente de la niña o adolescente no elimina, por sí misma, la preocupación sobre las circunstancias en las que se produce esa convivencia.
Cohabitación forzada: una forma de violencia contra las menores
La importancia de esta medida radica en que las uniones tempranas no deben analizarse únicamente como una decisión privada o una tradición comunitaria. Cuando existe presión familiar, manipulación, dependencia económica o imposición, la libertad de una menor puede quedar comprometida y su futuro condicionado por decisiones tomadas por otras personas.
Vivir en pareja durante la infancia o la adolescencia puede dificultar la continuidad escolar, aumentar la dependencia respecto de la pareja y exponer a las menores a situaciones de violencia. Por ello, la respuesta institucional no puede limitarse a castigar a quienes cometen el delito: también requiere prevención, protección y acompañamiento para las víctimas.
La reforma de Veracruz se suma a los esfuerzos para sancionar esta forma de violencia. Sin embargo, su eficacia dependerá de que las autoridades investiguen las denuncias, protejan a las menores y garanticen que las disposiciones legales se apliquen sin importar el entorno familiar o social en el que ocurran los hechos.
Las cifras exhiben la urgencia de proteger a niñas y adolescentes
La dimensión del problema también se refleja en los embarazos a edades tempranas. Según la cifra proporcionada para esta nota, durante 2025 se registraron en México 5 mil 876 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años, dato que subraya la necesidad de fortalecer la prevención de la violencia sexual y la protección de la infancia. Para su publicación, conviene corroborar el dato y su definición estadística directamente con el INEGI o la autoridad sanitaria correspondiente.
En Veracruz, además, se ha señalado la presencia de menores que viven casadas o en unión libre. Estas situaciones requieren atención diferenciada: no toda convivencia tiene las mismas circunstancias, pero ninguna práctica social debe servir para justificar la coacción, el abuso o la vulneración de los derechos de una niña.
El reto consiste en convertir la reforma en una herramienta efectiva. Esto implica capacitar a las autoridades, facilitar las denuncias, brindar atención psicológica y jurídica, y asegurar que las niñas puedan continuar sus estudios y construir un proyecto de vida sin imposiciones.
Que Veracruz establezca penas de hasta 15 años de prisión por la cohabitación forzada de menores envía un mensaje importante: la infancia no debe quedar sometida a acuerdos familiares, presiones sociales o costumbres que vulneren los derechos de niñas y adolescentes.
Pero una ley, por sí sola, no transforma una realidad arraigada. Si una menor es obligada a vivir con un adulto y nadie denuncia, si las autoridades conocen el caso y no actúan, o si la comunidad considera que se trata de un asunto privado, la protección legal corre el riesgo de quedarse en el papel.
La responsabilidad es compartida, aunque no sustituye la obligación de las instituciones de prevenir, investigar y sancionar. Proteger a las niñas significa escuchar sus voces, garantizarles educación, acceso a la justicia y condiciones para decidir libremente sobre su futuro.
La pregunta para la sociedad y las autoridades es: ¿cómo se garantizará que esta reforma no se quede únicamente en una pena escrita en la ley, sino que permita detectar a tiempo los casos de cohabitación forzada y proteger efectivamente a las niñas que viven esta violencia?
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