En un contexto preocupante, México se posiciona como uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el medio ambiente, según el informe 2023 de Global Witness. Este escenario evidencia un grave problema en torno a la defensa de la tierra y el territorio, según lo expuesto por Felipe Romero, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Durante la conferencia Agresiones por la Defensa de la Tierra en el marco del Foro Internacional “Defensa del Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, Romero destacó la urgente necesidad de implementar políticas integrales que protejan a los defensores ambientales.
“Es indispensable garantizar que no sean amenazados ni atacados por cumplir con su labor activista”, subrayó.
El Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, establece que los Estados deben asegurar entornos seguros para estas personas. Sin embargo, México no ha cumplido con estas disposiciones, a pesar de los llamados de atención realizados en la última Conferencia de las Partes (COP3) celebrada en agosto de 2023.
Romero destacó que las agresiones suelen concentrarse en comunidades que se oponen a proyectos que consideran destructivos para sus territorios y el medio ambiente. Entre las iniciativas que generan mayor rechazo destacan la tala indiscriminada, la explotación de recursos naturales y megaproyectos con fines comerciales o inmobiliarios.
“Cuando una comunidad se enfrenta a un proyecto, busca entender sus implicaciones: si es una mina, si destruirá recursos naturales o si generará tala de árboles. La falta de información, consulta previa y mecanismos de participación convierte a estos proyectos en imposiciones que violan derechos fundamentales y generan conflictos sociales”, señaló Romero.
La defensa de estos derechos, usualmente de forma colectiva, es crucial para garantizar la sostenibilidad de los territorios bioculturales.
El informe del CEMDA, que documenta casos de violencia contra defensores ambientales en la última década, arroja datos alarmantes. Durante 2023, se registraron al menos 20 agresiones letales y 19 desapariciones relacionadas con actividades activistas.
Sorprendentemente, en el 49% de los casos los agresores identificados son autoridades de seguridad pública. Esto pone de manifiesto un patrón sistemático de violencia en contextos donde se implementan megaproyectos, frecuentemente asociados con imposición y violación de derechos comunitarios.
El especialista concluyó su intervención subrayando la necesidad de que el Estado mexicano adopte una postura firme y comprometida para erradicar la violencia contra los defensores del medio ambiente. Esto implica no solo cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Escazú, sino también garantizar acceso a la justicia para las víctimas de agresiones.
En conclusión, México enfrenta un reto crucial: proteger a quienes cuidan el medio ambiente y garantizar la preservación de sus recursos naturales. Sin medidas concretas y efectivas, el país continuará siendo un lugar de alto riesgo para quienes luchan por los derechos de la tierra y las comunidades.
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