El trágico fallecimiento de una mujer arrollada por un autobús de transporte de la línea Atsuzi en la central de abastos el pasado 21 de enero ha generado un llamado urgente por parte de colectivos especializados en movilidad. Organizaciones como Sí a la Ciclovía y Colectivo Cometa destacan la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir muertes y garantizar la seguridad vial.
El caso más reciente no es un incidente aislado. Según el Colectivo Cometa, en 2023 se registraron 15 siniestros viales provocados por operadores de transporte público, resultando en la muerte de 7 peatones. Durante 2024, la situación empeoró, con 20 accidentes viales que cobraron la vida de 6 peatones, 2 ciclistas y un motociclista.
La línea Atsuzi, en particular, ha estado involucrada en incidentes mortales. Además del caso más reciente, en enero de 2025 chocó contra una camioneta en la zona centro de la capital mexiquense. En los últimos dos años, esta línea ha sido vinculada con la pérdida de 17 vidas humanas.
Propuestas de los Colectivos para Frenar la Crisis Vial
Sí a la Ciclovía ha señalado que retirar concesiones al transporte público no es la solución. En cambio, enfatizan la necesidad de abordar problemas estructurales como:
- Falta de capacitación y profesionalización de conductores: Los operadores de transporte público requieren formación continua para mejorar su desempeño y prevenir accidentes.
- Infraestructura vial deficiente: Calles mal diseñadas y con poca atención a peatones y ciclistas contribuyen a los siniestros.
- Ausencia de supervisión y sanciones preventivas: Es esencial establecer un sistema de monitoreo y aplicar sanciones para reducir negligencias.
- Políticas públicas insuficientes: Se necesita una implementación efectiva de normativas como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Entre sus propuestas destacan:
- Auditorías viales en zonas críticas.
- Capacitación continua y mejora de condiciones laborales para los operadores del transporte público.
- Presupuesto para rediseñar calles, priorizando la seguridad de peatones y ciclistas.
- Cumplimiento de normativas existentes para proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública.
Los colectivos advierten que la situación requiere atención inmediata. Además de las muertes, los siniestros viales generan un impacto económico y social significativo, afectando a familias enteras.
Invertir en infraestructura, capacitación y supervisión no solo mejorará la seguridad, sino que también fomentará un transporte público más eficiente y digno. El caso de la mujer fallecida el 21 de enero debe ser un parteaguas para transformar un sistema que ha cobrado demasiadas vidas.
En conclusión, los colectivos especializados en movilidad hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad para priorizar acciones concretas y garantizar un transporte público más seguro y humano. El Estado de México enfrenta una crisis de seguridad vial que no puede ignorarse. La implementación de medidas efectivas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en nuestras calles.
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