Miles de tiburones muertos y un Estado que no supo prevenir
En días recientes, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informó con tono triunfal el decomiso de dos toneladas de aletas de tiburón. Aunque la noticia se difundió como un logro institucional, lo cierto es que este operativo tardío revela un problema mucho más profundo: la devastación acelerada de nuestros mares y la total incapacidad del Estado para evitarla.
Cada tonelada incautada representa la muerte brutal de miles de ejemplares, muchos pertenecientes a especies protegidas. En lugar de evitar el crimen, el gobierno celebra haber llegado tarde, cuando el daño ya está hecho y las aletas estaban listas para su comercialización ilegal.
Una tragedia ambiental que no debería repetirse
Las aletas de tiburón no se recolectan discretamente. Para que se reúnan dos toneladas, es necesario que una red de pesca ilegal opere de manera sistemática, con logística, rutas de transporte, contactos en aduanas y puntos de salida del país. Todo esto ocurre ante la vista —y a menudo con la complicidad— de las autoridades.
¿Dónde estuvo PROFEPA cuando estos crímenes se estaban cometiendo?
El decomiso no debe interpretarse como una señal de eficacia, sino como la prueba dolorosa de que la vigilancia marina es insuficiente, ineficaz o inexistente. La matanza ya ocurrió. Y con cada operativo reactivo, queda más claro que no hay una estrategia real de prevención, solo contención tardía.
El crimen organizado ya domina los mares mexicanos
Durante años, el crimen organizado ha diversificado sus actividades. Ya no solo domina territorios en tierra: ahora también controla rutas marítimas y explota los océanos mexicanos, extrayendo especies con valor comercial en mercados asiáticos y europeos.
El tráfico de aletas de tiburón es uno de los negocios más lucrativos del contrabando marino. Y, como en otros delitos ambientales, la falta de consecuencias jurídicas fomenta la repetición del crimen. Las detenciones son escasas, los procesos judiciales débiles, y los responsables materiales casi nunca enfrentan castigo.
PROFEPA: presencia limitada, impacto nulo
PROFEPA debería ser el escudo legal que protege nuestra biodiversidad. Pero en los hechos, se ha convertido en una institución pasiva, burocrática y reactiva, que actúa solo cuando el desastre es inevitable y mediático.
Lejos de liderar una política ambiental firme, la Procuraduría emite comunicados celebrando incautaciones como si se tratara de victorias. Sin embargo, en este caso, no hay victoria alguna que celebrar:
-
Miles de tiburones fueron exterminados.
-
Muchas especies protegidas están involucradas.
-
No hay claridad sobre responsables detenidos.
-
Y la red criminal sigue operando.
El saqueo ambiental es un síntoma del colapso institucional
El caso de las aletas de tiburón no es aislado. Es un reflejo del colapso ambiental más amplio que enfrenta México, con bosques talados, ríos contaminados, selvas fragmentadas y océanos saqueados, todo bajo la complicidad del silencio oficial.
La respuesta del gobierno federal ha sido tibia. No se han anunciado reformas, operativos permanentes ni nuevas estrategias de conservación marina. Mientras tanto, los ecosistemas colapsan en tiempo real y los grupos criminales siguen ganando terreno.
El mar no necesita comunicados, necesita protección real
PROFEPA no puede seguir operando como una agencia de relaciones públicas. Su tarea no es anunciar lo que decomisó, sino impedir que el crimen ocurra. Celebrar la incautación de dos toneladas de aletas, sin responsables ni reparación del daño, es una burla a la inteligencia colectiva y a la urgencia ambiental.
Si no se transforma de fondo el enfoque institucional, los mares mexicanos seguirán siendo tierra de nadie, donde la vida se extermina a cambio de silencio, impunidad y ganancias criminales.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
