Cientos de servidores públicos, maestros y pensionados se manifestaron en las principales calles del municipio de Toluca para exigir justicia ante lo que califican como una estafa millonaria cometida por la empresa de servicios funerarios “Certificados Integrales y Funcionales (CIF)”.
De acuerdo con los inconformes, alrededor de 150 mil mexiquenses habrían sido afectados por estos supuestos fraudes, de los cuales el 90 % corresponde a personas adultas mayores, quienes confiaron en los servicios ofrecidos desde el año 2000 mediante descuentos vía nómina en dependencias de educación, salud y servicios públicos.
Los afectados explicaron que la empresa funeraria ofrecía paquetes básicos que incluían cremación, sepelio y traslado con un costo inicial de 10 mil pesos, pero que actualmente superan los 38 mil pesos, dejando a miles de personas sin el respaldo que contrataron durante años.
Óscar Chávez Espinoza, representante de la Asociación Civil Mexiquense por la Transformación, aseguró que se trata de un fraude sistemático que lleva más de dos décadas operando.
“Son 150 mil los mexiquenses que confiaron en esta empresa, muchos de ellos adultos mayores que fueron víctimas de un abuso imperdonable”, denunció Chávez Espinoza.
El representante informó que, en mayo pasado, se interpusieron 280 denuncias por fraude ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y adelantó que en el transcurso de este día presentarían más querellas.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que los afectados salen a las calles, pues en mayo realizaron su primera manifestación pública para visibilizar el caso y exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Los manifestantes exigieron que se agilicen las investigaciones y que se sancione a los responsables de lo que consideran un abuso hacia personas que confiaron en una empresa que ofrecía apoyo en momentos difíciles como el fallecimiento de un ser querido.
En conclusión, la protesta culminó con un llamado enérgico a las autoridades estatales para recuperar el dinero invertido y garantizar que este tipo de fraudes no se repitan en el Estado de México.
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