En la capital mexiquense, operadores del nuevo Poder Judicial y dirigentes políticos sostuvieron una jornada larga y sustantiva para acordar coordinación, transparencia y cercanía con la ciudadanía.
Lejos de los actos de celebración que suelen seguir a una elección, jueces y magistrados federales y locales electos se reunieron en Toluca para algo distinto: convertir la transición hacia un nuevo Poder Judicial en un plan de trabajo concreto. El encuentro, descrito por asistentes como extenso y con diálogo franco, marcó una ruptura con la lógica de las “giras de agradecimiento” y puso sobre la mesa acuerdos para un sistema de justicia más cercano, transparente y eficiente.
La reunión operó como una mesa técnica: se discutieron alcances de la reforma judicial, se identificaron retos y se delinearon pasos para que los cambios no se queden en el discurso. El mensaje central fue inequívoco: el aterrizaje de la reforma pasa por coordinación sostenida entre quienes impartirán justicia y las instancias políticas responsables de habilitarla con leyes, presupuestos y políticas públicas.
Presencias clave y un nuevo árbitro disciplinario
Acudieron figuras del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial —entre ellas Rufino H. León Tovar, magistrado electo del ámbito federal, y Jesús Cadena, magistrado electo del Estado de México—, instancia llamada a iniciar procesos contra jueces y magistrados que violen disposiciones legales. Su participación subrayó que el combate a la corrupción no será accesorio, sino parte medular del rediseño institucional.
A la par, acompañaron representantes políticos como: Xóchitl Zagal (diputada federal), Yazmín Nájera (síndica de Toluca) y José Benítez (consejero nacional de Morena). Su presencia abonó a un espacio auténtico de deliberación interinstitucional, con énfasis en defensa de la niñez, procuración de justicia, combate a la corrupción y separación del poder económico del judicial.
Lo que se dialogó
Los ejes que articularon la conversación fueron claros y complementarios:
- Combate a la corrupción y privilegios para garantizar que el acceso a la justicia sea real y parejo.
- Transparencia y eficiencia, con nuevas reglas y órganos que acerquen la justicia a la gente y midan resultados.
- Separación del poder económico del judicial, para blindar decisiones frente a intereses particulares.
- Defensa de la niñez y procuración de justicia con foco en víctimas y en la calidad de las resoluciones.
Bajo la premisa —reiterada por la Presidencia de la República— de que “todo proceso es perfectible”, las y los asistentes coincidieron en que la elección democrática de jueces y magistrados es apenas el punto de partida: el cambio será verificable sólo si se traduce en trámites más ágiles, sentencias comprensibles y servicios que funcionen en el territorio, no sólo en el papel.
El tono fue de reflexión profunda y prolongada. Más que posicionamientos, hubo intercambio de diagnósticos y rutas de implementación. De ese clima surgieron compromisos: mantener mesas periódicas de diálogo, establecer canales de coordinación operativa con juzgados y autoridades locales, y abrir espacios de orientación legal para que la ciudadanía entienda cómo la reforma impactará sus procesos y derechos.
El hecho de que los convocados priorizaran una jornada de trabajo por encima del protocolo envía una señal: la transición judicial ya está en marcha. Frente a imágenes de festejo que han circulado en redes, este foro optó por el mapa de ruta. La expectativa es que los lazos de coordinación que se tejieron se traduzcan en decisiones tangibles: sanción a conductas indebidas, mayor claridad en los procedimientos y cercanía con comunidades que exigen resultados.
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