La capital mexiquense fue escenario de un violento enfrentamiento entre estudiantes universitarios y fuerzas de seguridad, en el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. Mientras el Ayuntamiento de Toluca aseguró que actuó “con firmeza y responsabilidad” para proteger a la ciudadanía, diversos testimonios señalan que la represión contra jóvenes y civiles fue desmedida.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, emitió un comunicado en el que afirmó que su administración no permitirá que personas encapuchadas “generen miedo, caos y violencia” en el centro de la ciudad. Argumentó que la intervención policial fue necesaria para proteger a las familias, comercios y visitantes que acudían a la Feria Internacional del Libro del Estado de México y a la Feria del Alfeñique.
Moreno Bastida aseguró que la prioridad de su gobierno es “la integridad física de los ciudadanos” y justificó la instalación de cercos preventivos alrededor de las zonas culturales y comerciales.
Denuncias de represión contra estudiantes de la UAEMéx
Pese al discurso oficial, en redes sociales y entre colectivos estudiantiles circularon múltiples denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales y municipales. Testigos reportaron que elementos de seguridad irrumpieron en las inmediaciones de la Casa del Estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), violando la autonomía universitaria.
De acuerdo con las denuncias, al menos cinco estudiantes fueron detenidos de manera irregular y puestos en libertad sin atención médica oportuna, presentando heridas visibles. Además, se reportaron más de 20 estudiantes lesionados, así como mujeres comerciantes y periodistas golpeados mientras documentaban los hechos.
Mujeres policías agreden a estudiantes
Una de las denuncias más graves fue el ataque de mujeres policías contra estudiantes universitarias, quienes fueron golpeadas y sometidas con la intención de silenciar sus protestas. Testimonios coinciden en que también se registraron abusos contra menores de edad que participaban en la movilización.
Los colectivos exigieron la libertad inmediata e incondicional de los jóvenes detenidos, así como la reparación de los daños materiales y psicológicos ocasionados durante el operativo.
Represión contra la libertad de expresión
Trabajadores de la comunicación también fueron víctimas de agresiones. Varias personas denunciaron que la policía les arrebató sus instrumentos de trabajo y teléfonos celulares para impedir la cobertura mediática. Esto ha sido catalogado como un intento de censura y represión a la libertad de prensa.
Asimismo, estudiantes señalaron que algunos uniformados portaban equipo antimotines y armas, lo que incrementó el clima de intimidación en la ciudad.
El descontento social se hizo presente con consignas como “presupuesto para la educación y no para la represión”. Organizaciones estudiantiles y civiles acusaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la rectora de la UAEMéx, Paty Zarza, de permitir la violencia contra los manifestantes.
“Ni porque sean mujeres en el poder se detiene la represión. Su silencio también violenta”, denunciaron colectivos que recordaron la consigna del #2DeOctubre #NiPerdónNiOlvido.
Mientras el Ayuntamiento de Toluca sostiene que la actuación de las fuerzas de seguridad fue necesaria para proteger a la población, la realidad documentada por estudiantes, comerciantes y periodistas refleja un panorama distinto: uso excesivo de la fuerza, represión a la protesta social y violaciones a derechos humanos.
En un día que conmemoraba la memoria de 1968, Toluca revive la sombra de la represión, generando un fuerte debate sobre el papel del Estado en el respeto a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse.
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