La extorsión en México se ha transformado en una de las actividades delictivas más lucrativas y arraigadas del país. Lo que alguna vez fue un delito focalizado, hoy constituye una industria criminal en expansión, sostenida por la impunidad, el miedo social y la fragilidad institucional. Este fenómeno combina amenazas, violencia y sofisticadas estrategias digitales que impactan directamente en la economía y en la seguridad de millones de personas.
En el contexto actual, la extorsión ya no se limita a llamadas intimidatorias o cobros presenciales. Las organizaciones criminales han diversificado sus métodos, empleando redes sociales, servicios de mensajería y suplantación de identidad para manipular a sus víctimas. La facilidad con la que se puede acceder a información personal en línea ha permitido que los extorsionadores operen con mayor precisión y menor riesgo.
A esto se suma un factor determinante: la desconfianza ciudadana. El temor a denunciar, alimentado por experiencias previas de corrupción o ineficacia institucional, ha convertido a la extorsión en un delito silencioso, donde la mayoría de los casos jamás llega a conocerse formalmente.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), entre enero y agosto de 2025 se registró una disminución del 26% en los casos de extorsión respecto al mismo periodo de 2024. Sin embargo, detrás de esta cifra alentadora se oculta una realidad preocupante: la llamada “cifra negra”, que representa los delitos no denunciados, oscila entre 94% y 96%.
Esto significa que por cada denuncia presentada, decenas de casos permanecen invisibles para las autoridades. La mayoría de las víctimas, especialmente pequeños empresarios y comerciantes, prefieren pagar antes que exponerse a represalias o procesos judiciales que rara vez llegan a una condena.
Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Tecámac concentran la mayor incidencia de extorsión en el Estado de México durante 2025. Estas zonas destacan por su alta densidad poblacional y su intensa actividad comercial, factores que las vuelven terreno fértil para la operación del crimen organizado.
Entre las modalidades más frecuentes se encuentran:
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Cobro de piso: exigencias de dinero a comerciantes, transportistas o empresarios para permitirles trabajar “sin problemas”.
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Extorsión telefónica: amenazas realizadas desde cárceles o centros de operación remotos.
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Extorsión digital: intimidaciones a través de WhatsApp y redes sociales, con perfiles falsos o suplantación de grupos criminales.
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Extorsión al transporte: cobros por circular en rutas específicas o descargar mercancía.
En muchos casos, las víctimas son obligadas a realizar depósitos inmediatos o transferencias electrónicas para evitar supuestos ataques o represalias.
Las autoridades estatales han atribuido la reducción oficial de casos a operativos de inteligencia, bloqueo de líneas telefónicas y colaboración con el sector empresarial. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que mientras la población siga percibiendo que denunciar no ofrece protección ni resultados, la extorsión continuará operando en la sombra.
El problema, afirman, no radica únicamente en la falta de recursos, sino en la debilidad estructural del sistema de justicia mexicano, donde la impunidad se convierte en el mejor incentivo para los grupos criminales.
En conclusión, la extorsión en México no solo golpea la economía local, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y el tejido social. Cada negocio que cierra o comerciante que decide pagar en silencio representa una victoria más para el crimen y una derrota para el Estado de derecho.
Combatir este delito requiere mucho más que operativos aislados: implica reconstruir la confianza ciudadana, fortalecer la procuración de justicia y aplicar estrategias de inteligencia que integren lo digital, lo económico y lo social.
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