El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) agotó sus reservas en 2024. Su sostenibilidad depende ahora del presupuesto estatal, mientras el déficit actuarial supera el billón de pesos y los pensionados exigen soluciones urgentes.
El ISSEMyM atraviesa la etapa más crítica de su historia. De acuerdo con los informes actuariales de los presupuestos de egresos 2023, 2024 y 2025, las reservas financieras se agotaron en 2024, dejando al instituto completamente dependiente de las transferencias anuales del Gobierno del Estado de México.
El diagnóstico es contundente: el sistema de pensiones ya no es sostenible sin una reforma estructural profunda.
Según el estudio actuarial elaborado por Lockton México en 2023, el déficit actuarial rebasa el billón de pesos, a pesar de que los ingresos anuales del Fondo de Pensiones superan los 15 mil 385 millones de pesos y los activos totales se estiman en 87 mil 548 millones.
El problema radica en un modelo financiero desequilibrado, donde las aportaciones actuales son insuficientes para cubrir las obligaciones con un número creciente de jubilados y un promedio de pensión cada vez más alto.
En apenas cinco años, el presupuesto del ISSEMyM casi se duplicó. En 2020 el instituto ejerció 25 mil 152 millones de pesos, mientras que para 2025 la cifra ya ronda los 44 mil millones.
El gasto más preocupante proviene del pago de pensiones, que pasó de 10 mil millones en 2020 a más de 26 mil millones en 2025, representando más del 50% del presupuesto total.
Este crecimiento descontrolado refleja un sistema en el que los ingresos no compensan los compromisos adquiridos, generando una dependencia creciente de subsidios estatales.
Desigualdad y rezago en el pago de pensiones
El desequilibrio interno del ISSEMyM también se refleja en la desigualdad de las pensiones. Hasta 2022, existían jubilaciones que superaban los 550 mil pesos mensuales, resultado de privilegios heredados y malas prácticas administrativas.
A partir de 2023, las pensiones máximas se redujeron a 84 mil pesos, aunque el promedio mensual aumentó a más de 21 mil pesos en 2025. No obstante, aún existen pensiones de apenas 985 pesos, lo que demuestra una brecha enorme entre los beneficiarios.
A este problema se suma el retraso en la entrega de pensiones, que puede extenderse hasta tres años. Durante ese periodo, miles de extrabajadores sobreviven sin ingresos, endeudándose o dependiendo de sus familias. Algunos incluso fallecen antes de recibir su pensión.
La lentitud institucional ha abierto la puerta al coyotaje legal, un fenómeno donde abogados particulares ofrecen acelerar los procesos de pensión a cambio de una parte del retroactivo.
En muchos casos, estos litigios se prolongan deliberadamente, permitiendo que los montos atrasados aumenten y los intermediarios cobren hasta el 40% del pago final.
Esto ha generado un círculo vicioso de abuso y desconfianza hacia el ISSEMyM, afectando principalmente a los jubilados más vulnerables.
Medicamentos, servicios médicos y recursos etiquetados
La crisis del instituto no solo afecta las pensiones. También persiste la escasez de medicamentos, particularmente en áreas como salud mental y diabetes, según denuncias de derechohabientes.
Ante estos problemas, el Congreso estatal comenzó a etiquetar recursos específicos desde 2023, destinando 5 mil 177 millones ese año y 7 mil 267 millones en 2024, con el fin de asegurar que los fondos se utilicen directamente para el pago de pensiones y servicios médicos.
El estudio actuarial advierte un hueco financiero de 852 mil millones de pesos por obligaciones con trabajadores en activo, además de otro déficit proyectado de 346 mil millones para futuras generaciones.
Con rendimientos del 3.25% anual, la tasa es demasiado baja para revertir la tendencia, consolidando un panorama de insostenibilidad total.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, reconoció que la crisis del ISSEMyM no es reciente, sino el resultado de décadas de mala planeación y rezagos estructurales.
El funcionario anunció un programa integral de reestructuración, con la participación del Estado, los municipios y los organismos auxiliares.
Entre las medidas planteadas destacan:
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Ajustes en cuotas y aportaciones de los trabajadores y patrones.
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Reformas normativas y financieras para garantizar viabilidad a largo plazo.
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Acciones legales para resolver demandas que ponen en riesgo la operatividad del instituto.
“El objetivo es reconstruir un sistema de seguridad social sólido, sostenible y confiable para los mexiquenses”, aseguró Flores Jiménez.
En conclusión, el caso del ISSEMyM representa uno de los mayores retos financieros del Estado de México en los últimos años. La falta de reservas, los pagos atrasados, la desigualdad entre pensionados y el déficit estructural marcan un punto de no retorno.
La reforma del sistema de pensiones ya no es una opción, sino una urgencia para garantizar la dignidad y estabilidad de miles de jubilados que hoy dependen de decisiones políticas.
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