El Estado de México está por modificar su legislación penal para que el acoso sexual pueda investigarse desde el primer acto, sin necesidad de que exista repetición o reincidencia. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local, será presentada el 12 de noviembre y busca fortalecer el acceso a la justicia para las mujeres.
La propuesta elimina la obligación de que la víctima espere a que la agresión ocurra nuevamente para poder presentar una denuncia, una condición que históricamente ha limitado la actuación de las autoridades y ha generado altos márgenes de impunidad.
De acuerdo con la Consejería Jurídica del gobierno estatal, la legislación vigente exige que el acoso sexual se presente en varias ocasiones para poder configurarse como delito. La reforma plantea que un solo acto bastará para iniciar una investigación penal, con el fin de agilizar la intervención de las autoridades y evitar que la víctima quede expuesta a nuevos episodios.
El Ejecutivo estatal considera que esta modificación permitirá dar un paso importante hacia procedimientos más rápidos y con menos barreras para quienes denuncian.
La iniciativa establece que el acoso sexual podrá investigarse sin importar el lugar donde ocurra, lo que incluye:
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Espacios públicos
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Centros de trabajo
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Establecimientos comerciales
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Transporte público
Esta medida busca cerrar lagunas jurídicas que anteriormente complicaban la recepción y tramitación de denuncias según el entorno en el que ocurrieran los hechos.
El proyecto incorpora penas más elevadas para los casos en los que el agresor se aproveche de una condición de vulnerabilidad, riesgo o desventaja de la víctima. En estas situaciones, las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad, lo que permitirá ajustar el castigo según la gravedad del contexto.
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un tipo penal dirigido a servidores públicos que:
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Nieguen la recepción de denuncias
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Minimicen los hechos reportados
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Obstaculicen o retrasen procesos
Las sanciones contempladas incluyen de dos a seis años de prisión, además de destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante el periodo que marque la sentencia.
El Ejecutivo estatal subraya que el objetivo es evitar prácticas de revictimización y garantizar que todas las denuncias sean atendidas sin trabas institucionales.
Según la Consejería Jurídica, ya se establecieron acercamientos con la Junta de Coordinación Política y con la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México. Ambos órganos han expresado apertura para analizar la iniciativa y avanzar en su discusión en el corto plazo.
Si la propuesta avanza, el Estado de México se sumará a las entidades que han actualizado su marco legal para responder con mayor firmeza a los casos de acoso sexual.
La iniciativa se alinea con el Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado por autoridades federales, cuyo propósito es homologar criterios, reforzar sanciones y fortalecer los mecanismos de acompañamiento y protección en todo el país.
El anuncio de estos cambios ocurre en un contexto nacional donde el acoso sexual continúa siendo una de las agresiones más frecuentes y menos denunciadas, tanto en espacios públicos como laborales.
En conclusión, la reforma enviada al Congreso del Estado de México representa una modificación clave al Código Penal: el acoso sexual podrá perseguirse desde el primer acto, con sanciones más claras, criterios de investigación más amplios y responsabilidades directas para funcionarios que obstaculicen el acceso a la justicia.
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