Un operativo encabezado por la Dirección General de Gobierno de Toluca derivó en la suspensión de un establecimiento localizado sobre la calle General Abelardo Rodríguez, en la delegación Capultitlán, luego de detectarse que operaba fuera de la normatividad y, presuntamente, permitía el acceso de menores de edad.
La acción forma parte de las estrategias municipales para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente ante reportes ciudadanos que alertaban sobre la venta indebida de bebidas alcohólicas.
Durante la inspección, las autoridades confirmaron que el establecimiento contaba únicamente con una licencia registrada como restaurante bar. Sin embargo, el giro real era distinto:
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La venta principal eran bebidas alcohólicas, sin ofrecer alimentos como lo exige la licencia correspondiente.
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La actividad operativa no coincidía con los permisos autorizados, lo que representa una falta administrativa.
Este tipo de irregularidades es uno de los principales focos de atención del gobierno municipal, pues la operación clandestina o desviada del giro comercial incrementa riesgos para la población, especialmente para sectores juveniles.
Vecinos de la zona ya habían presentado reportes previos en los que aseguraban que menores de edad ingresaban frecuentemente al establecimiento, especialmente estudiantes de instituciones cercanas, entre ellas la conocida Prepa 5.
Estas denuncias motivaron la intervención oficial, ya que la venta de alcohol a menores constituye una violación grave, además de un riesgo para su integridad.
La suspensión del bar se realizó como una medida preventiva y correctiva, con el objetivo de garantizar que los establecimientos de la capital mexiquense operen bajo condiciones legales y seguras.
El gobierno municipal reiteró que continuará con operativos permanentes para:
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Verificar permisos y licencias.
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Inhibir la venta de alcohol a menores.
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Supervisar horarios y giros comerciales.
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Atender reportes ciudadanos oportunamente.
Asimismo, invitaron a la población a seguir denunciando cualquier irregularidad para proteger a la comunidad, particularmente a niños y jóvenes.







