El Ayuntamiento de Toluca, bajo la administración del presidente municipal, puso en marcha una estrategia digital para facilitar el acceso al Reglamento de Tránsito estatal, mediante la distribución de códigos QR en distintos puntos de la capital mexiquense. Con esta acción, el gobierno municipal busca que los conductores conozcan las normas viales antes de que entren en vigor los cobros por infracciones.
De acuerdo con la autoridad municipal, los códigos QR redirigen a la versión vigente del reglamento, donde se especifican las disposiciones que regulan la circulación tanto para automovilistas como para motociclistas. El objetivo es que la ciudadanía cuente con información clara y accesible, reduciendo la posibilidad de desacuerdos al momento de liberar espacios donde está prohibido estacionarse.
El documento al que se tiene acceso incluye:
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Criterios de convivencia vial.
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Tablas de sanciones económicas.
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Lineamientos sobre el uso de ciclovías.
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Normas para zonas de ascenso y descenso.
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Restricciones para actividades comerciales en áreas destinadas a la movilidad.
Integrantes de la dirección de Sustentabilidad Vial se encargan de proporcionar los códigos QR directamente a quienes circulan por la ciudad. Esta modalidad permite revisar el reglamento desde cualquier teléfono móvil o dispositivo electrónico, fomentando que los conductores se familiaricen con las reglas antes de recibir algún tipo de apercibimiento.
La administración municipal explicó que, en varias ocasiones, se han registrado inconformidades cuando se solicita a los ciudadanos retirar vehículos de espacios donde el estacionamiento está prohibido. Por ello, la difusión anticipada del reglamento pretende disminuir conflictos y promover una cultura vial más informada.
En conclusión, el alcalde recalcó que la aplicación de multas económicas se activará únicamente cuando así lo establezca el Gobierno del Estado de México. Mientras tanto, el Ayuntamiento seguirá reforzando la difusión del reglamento a través de códigos QR y plataformas oficiales, con la finalidad de que toda la población conozca plenamente sus obligaciones antes de que las disposiciones entren en vigor.







