Por Miguel Ernesto Leetch San Pedro, Magistrado de Circuito adscrito al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
El arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, ejecutado por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales, marca un punto de inflexión en el ya frágil equilibrio del sistema internacional. Más allá de la figura de Maduro —controvertida, cuestionada y asociada a graves acusaciones— el hecho en sí mismo inaugura una etapa de incertidumbre jurídica y política cuyas consecuencias exceden con creces el caso venezolano.
La operación fue presentada por Washington como un acto de “aplicación de la ley”. Sin embargo, esa narrativa choca frontalmente con uno de los pilares del orden internacional contemporáneo: la prohibición del uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de los Estados. La captura de un jefe de Estado en funciones, sin autorización multilateral ni consentimiento del país involucrado, tensiona principios que durante décadas han servido —con todas sus imperfecciones— como diques de contención frente a la ley del más fuerte.
Aquí no está en juego la defensa de Maduro ni de su gobierno. El debate es más profundo y, por ello, más inquietante. Si un Estado poderoso puede ejecutar operaciones militares unilaterales en territorio ajeno para detener a un mandatario extranjero, amparándose en su propia legislación interna, el mensaje implícito es claro: el derecho internacional se vuelve opcional cuando entra en conflicto con intereses estratégicos nacionales. Ese precedente es peligroso no solo para América Latina, sino para cualquier país cuya seguridad dependa de reglas compartidas y no de la fuerza bruta.
El impacto global del episodio ha sido inmediato. Cobra más relevancia que nunca el eterno debate filosófico entre justicia y legalidad. La comunidad internacional aparece dividida entre quienes denuncian una erosión grave del orden jurídico internacional y quienes, aun críticos del régimen venezolano, advierten que combatir el autoritarismo o el crimen transnacional no puede justificar la ruptura de normas básicas de convivencia entre Estados. La pregunta incómoda que emerge es simple: ¿qué queda del multilateralismo si las grandes potencias deciden actuar al margen de él?
En este contexto, la reacción de México adquiere una relevancia particular. Al calificar la operación como una intervención y reiterar su apego al principio de no intervención, México no solo defendió una posición histórica de su política exterior, sino que recordó que América Latina ha pagado un alto costo cuando la fuerza sustituye al derecho. La insistencia mexicana en concebir a la región como una zona de paz no es retórica diplomática: es una apuesta estratégica por la estabilidad en un hemisferio marcado por desigualdades, conflictos internos y presiones externas.
No obstante, esta postura también introduce fricciones en la relación con Estados Unidos. La cooperación bilateral, especialmente en temas sensibles como seguridad, narcotráfico y migración, se ve atravesada ahora por una desconfianza difícil de disimular. Cuando un socio estratégico actúa unilateralmente y redefine las reglas del juego, la colaboración deja de percibirse como un esfuerzo compartido y comienza a verse como una relación asimétrica, sujeta a decisiones que no siempre respetan los marcos jurídicos comunes.
El caso Maduro expone, en última instancia, una contradicción central de nuestro tiempo: la lucha legítima contra redes criminales transnacionales convive con la tentación de debilitar normas internacionales que incomodan a las potencias. Pero un orden basado en excepciones selectivas es, en el fondo, un orden inestable. Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier otro país cuyo liderazgo resulte incómodo.
Esta crisis deja una lección incómoda pero necesaria. El derecho internacional no se sostiene solo en tratados y discursos, sino en la voluntad política de respetarlos incluso cuando resulta inconveniente. América Latina, y México en particular, parecen dispuestos a defender esa visión frente a interpretaciones unilaterales de la justicia. En un mundo cada vez más fragmentado, esa defensa puede ser menos espectacular que una operación militar, pero es, sin duda, más duradera.
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