En el Estado de México, miles de niñas, niños y jóvenes con discapacidad continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a una educación plena e incluyente. A pesar de los avances normativos en materia de derechos humanos, la discriminación en entornos escolares sigue siendo una realidad cotidiana que impacta no solo el ámbito académico, sino también el desarrollo familiar y profesional de esta población.
De acuerdo con cifras oficiales, 21 mil 794 estudiantes forman parte de la matrícula de educación especial en la entidad, una cantidad que refleja tanto la magnitud del reto como la urgencia de implementar políticas públicas inclusivas que atiendan el problema de fondo.
En el marco del Día Naranja, Jesús Axel de la Cruz Sierra, integrante de la Subdirección de Atención a la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), exhortó a las autoridades a dejar atrás el discurso institucional y avanzar hacia acciones concretas que garanticen el derecho a la educación sin distinción.
El especialista subrayó que la inclusión no debe entenderse como un privilegio ni como una tendencia pasajera, sino como una obligación del Estado para asegurar igualdad de oportunidades a todas las personas, particularmente a quienes viven con alguna discapacidad.
La trayectoria personal de De la Cruz Sierra es un reflejo de las prácticas de exclusión que aún persisten en el sistema educativo. Con discapacidad motriz y seis cirugías desde los cinco años para lograr movilidad, relató que durante su infancia fue rechazado por al menos siete escuelas primarias, bajo el argumento de que no contaban con infraestructura adecuada.
“Se me negó incluso la posibilidad de participar en clases. Viví violaciones a mis derechos humanos desde muy pequeño”, compartió. Hoy, su historia contrasta con ese pasado: está por concluir la Licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, demostrando que la discapacidad no define la capacidad.
En el subsistema educativo estatal, la atención a estudiantes con discapacidad se divide entre 4 mil 881 alumnos inscritos en Centros de Atención Múltiple (CAM) y 16 mil 913 en Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer). Sin embargo, estas cifras no alcanzan a cubrir la demanda real.
A nivel nacional, el panorama es aún más preocupante. En México viven más de 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, pero menos del 40 % recibe atención especializada. Más de la mitad no asiste a la escuela y tres de cada cuatro personas entre 12 y 22 años nunca han pisado un aula, principalmente por barreras de accesibilidad y exclusión social.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las discapacidades más frecuentes en el país son la visual, la motriz y la cognitiva. En 2024, destacaron las dificultades para ver (45.8 %) y para caminar, subir o bajar escaleras (40.3 %) entre la población de cinco años y más.
Durante la conferencia “De la política a la acción, construcción de políticas públicas inclusivas”, organizada por el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), De la Cruz Sierra enfatizó que el acompañamiento familiar y docente fue determinante para no abandonar sus estudios.
Reconoció especialmente el apoyo de su madre, Nancy Sierra, y de la maestra María Guadalupe Gómez Islas, quienes impulsaron su permanencia en el sistema educativo cuando la exclusión parecía inevitable.
“Evaluar a las personas bajo las mismas circunstancias y sin prejuicios es el verdadero sentido de la inclusión”, afirmó, al recordar que en México cerca de 9.5 millones de personas viven con alguna discapacidad, lo que representa el 7.3 % de la población.
Finalmente, lamentó que expresiones discriminatorias como “no funcionas igual que yo” continúen normalizándose en distintos espacios, incluidos los educativos. Para el activista, la inclusión real solo será posible cuando se reconozca la dignidad y vulnerabilidad de todas las personas, y cuando las políticas públicas se traduzcan en infraestructura accesible, capacitación docente y entornos libres de discriminación.
En el Estado de México, el desafío sigue vigente: garantizar que la educación sea un derecho efectivo y no una promesa incumplida para miles de estudiantes con discapacidad.
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