El Congreso local dio un paso importante en materia ambiental al aprobar en comisiones unidas un dictamen que propone reformar el Código Penal del Estado de México, con el objetivo de incorporar el delito de ecocidio y endurecer las sanciones contra conductas que dañen gravemente al medio ambiente.
La propuesta contempla castigos más severos para actividades como la tala ilegal, la contaminación de ecosistemas y el abandono de residuos sólidos, estableciendo penas que podrían alcanzar entre seis y 12 años de prisión, además de sanciones económicas relevantes.
Durante la sesión conjunta de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, así como de Protección Ambiental y Cambio Climático, se analizaron y fusionaron diversas iniciativas legislativas impulsadas por diputados de Morena y del Partido Verde Ecologista de México.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la tipificación del ecocidio dentro del marco penal estatal, buscando castigar daños ambientales graves, reiterados o con consecuencias irreversibles para los ecosistemas.
La reforma también amplía el listado de conductas consideradas delitos ambientales, incorporando acciones vinculadas al crecimiento urbano e industrial que generan impacto ecológico negativo.
Nuevas conductas que podrán ser castigadas
Entre las prácticas que ahora estarían sujetas a sanción penal se encuentran:
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El abandono intencional de residuos en barrancas, terrenos abandonados o cuerpos de agua.
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La disposición irregular de materiales contaminantes.
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El manejo incorrecto de residuos electrónicos.
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La contaminación provocada por macroplásticos y contaminantes climáticos de corta duración.
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La alteración o daño deliberado a sistemas de monitoreo ambiental.
Además, se considerará delito la realización de obras sin autorización de impacto ambiental y la presentación de información falsa para obtener permisos, una medida que también busca cerrar espacios a la corrupción en procesos de gestión ecológica.
Penas más severas y agravantes ambientales
El dictamen establece que los delitos ambientales más graves podrán recibir penas de prisión de seis a 12 años, así como multas que van de 500 a 2 mil días de salario.
Las sanciones podrán incrementarse cuando:
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El daño ambiental sea irreversible.
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Se afecten áreas naturales protegidas.
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Se comprometa la supervivencia de especies en peligro de extinción.
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Exista riesgo para la salud humana.
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Participen servidores públicos o se utilicen vehículos e instrumentos para facilitar actividades ilícitas como la tala clandestina.
Legisladores destacaron que prácticas como los tiraderos ilegales y el abandono de basura generan problemas directos como inundaciones, contaminación de ríos y riesgos sanitarios para la población.
Otro punto relevante es la inclusión de mecanismos de reparación ambiental. La reforma contempla que quienes resulten responsables deberán implementar acciones de limpieza y restauración para mitigar el impacto ocasionado.
Asimismo, se aclaró que no se pretende criminalizar actividades tradicionales o de bajo impacto ambiental, como el uso doméstico de leña en pequeñas cantidades, la recolección de ramas secas o la venta de árboles de Navidad provenientes de plantaciones legales, siempre que se cumpla con la normativa vigente.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será enviado al Pleno de la Legislatura estatal, donde se discutirá y votará en próximos días. En caso de obtener el respaldo necesario, la reforma será remitida al Poder Ejecutivo estatal para su promulgación y entrada en vigor.
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