Durante la conferencia presidencial fueron expuestos nuevos señalamientos contra servidores públicos mexiquenses; la presidenta pidió presentar pruebas ante la Fiscalía y aclaró que las acusaciones deben investigarse formalmente
Ciudad de México.— Las denuncias públicas sobre presuntas extorsiones a empresarios y propietarios de verificentros en el Estado de México llegaron nuevamente a Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina de este martes, se planteó ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la existencia de una posible red relacionada con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM).
Ante los señalamientos, la mandataria federal llamó a las personas que aseguran haber sido víctimas de actos de corrupción a presentar denuncias formales y aportar pruebas para que las autoridades correspondientes puedan determinar si existe algún delito.
Sheinbaum enfatizó que una acusación difundida públicamente no sustituye una investigación ministerial y pidió a los posibles afectados acudir directamente ante las fiscalías.
Señalan presunta nueva red de extorsión en el Edomex
El tema fue planteado durante la sesión de preguntas de la conferencia presidencial, cuando un reportero cuestionó a Sheinbaum sobre las investigaciones relacionadas con supuestas extorsiones contra empresarios mexiquenses, particularmente propietarios de centros de verificación vehicular.
Durante su intervención fueron mencionados algunos nombres de personas que, según el señalamiento realizado por el periodista, estarían relacionadas con una segunda presunta red de extorsión.
Entre las personas señaladas se mencionó a una supuesta funcionaria identificada como Miriam, vinculada por el reportero con la PROPAEM, además de Rodrigo y Marco Antonio, quienes fueron señalados como posibles integrantes de dicha red.
Sin embargo, es importante precisar que estos señalamientos fueron expuestos por el reportero y no fueron confirmados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tampoco durante la conferencia se acreditó públicamente que las personas mencionadas sean responsables de algún delito o que exista una investigación formal en su contra.
Sheinbaum pide presentar denuncias ante la Fiscalía
Frente a la denuncia pública, la presidenta evitó asumir como ciertos los señalamientos y centró su respuesta en la importancia de que quienes tengan información sobre posibles actos de corrupción acudan ante las autoridades.
La mandataria señaló que los propietarios de verificentros y otros empresarios cuentan con la posibilidad de recurrir a abogados para integrar sus denuncias y presentar las pruebas correspondientes.
La postura del gobierno federal fue clara: si existen víctimas, documentos, transferencias, mensajes u otros elementos que permitan acreditar una posible extorsión, deben entregarse a las autoridades ministeriales.
Sheinbaum también destacó que los medios de comunicación pueden hacer públicos los casos, pero que corresponde a las fiscalías investigar y determinar si existen responsabilidades penales.
“Los medios no son un Ministerio Público”
Durante la conferencia, la presidenta hizo énfasis en la diferencia entre una denuncia periodística y una denuncia formal ante las autoridades.
El llamado busca que los posibles afectados no se limiten a exponer públicamente los hechos, sino que aporten los elementos necesarios para que una autoridad pueda abrir o fortalecer una investigación.
Asimismo, planteó que los empresarios que consideren haber sido víctimas de corrupción pueden solicitar reuniones con fiscales para explicar personalmente sus casos y entregar la información disponible.
El objetivo, señaló, debe ser evitar que posibles actos ilícitos queden sin investigar o que exista algún tipo de encubrimiento.
Ya existen investigaciones por presuntas extorsiones a verificentros
Los nuevos señalamientos ocurren mientras en el Estado de México ya existen investigaciones relacionadas con presuntas extorsiones a concesionarios de verificentros.
En días recientes se dio a conocer que dos servidores públicos de la Secretaría del Medio Ambiente estatal fueron vinculados a proceso por su probable participación en un esquema mediante el cual, presuntamente, se exigían pagos a concesionarios para permitirles continuar con sus actividades.
De acuerdo con la información difundida sobre ese expediente, las cantidades que presuntamente se solicitaban podían alcanzar entre 30 mil y 100 mil pesos, además de otros cobros relacionados con las líneas de verificación.
No obstante, este caso es diferente de los señalamientos realizados durante la conferencia presidencial de este martes.
Por ello, la petición de Sheinbaum fue que cualquier persona que tenga información adicional o haya sido afectada por otro esquema similar presente una denuncia ante la Fiscalía.
¿Qué sigue para las presuntas víctimas?
Los nuevos señalamientos tendrán que ser corroborados por las autoridades competentes. Para que una acusación pueda convertirse en una investigación formal, las personas afectadas deberán aportar elementos que permitan establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si hubo algún delito.
En ese sentido, la conferencia presidencial puso nuevamente sobre la mesa el problema de las presuntas extorsiones relacionadas con verificentros en el Estado de México, pero también dejó claro que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar la existencia de responsabilidades.
Mientras tanto, los nombres mencionados durante la mañanera deben considerarse únicamente dentro del contexto de los señalamientos realizados durante la conferencia y no como personas legalmente responsables de algún delito, mientras no exista una resolución de autoridad competente.
¿quién vigila a quienes deben vigilar?
Los señalamientos sobre presuntas extorsiones en los verificentros del Estado de México abren una pregunta que va más allá de los nombres mencionados o de una investigación en particular: ¿qué tan efectivo es el sistema de vigilancia cuando una persona tiene miedo de denunciar a quien, precisamente, tiene poder para sancionarla?
Si un empresario asegura que fue obligado a entregar dinero para poder continuar trabajando, ¿cuántas personas más podrían encontrarse en una situación similar y no han hablado por temor a represalias?
También vale preguntarse: ¿qué responsabilidad tienen las autoridades para garantizar que una denuncia no termine convirtiéndose en otro problema para quien se atreve a presentarla?
La petición de denunciar formalmente es necesaria, pero el verdadero reto comienza después: que las fiscalías investiguen con independencia, que las pruebas sean revisadas y que, si se comprueba un delito, haya consecuencias.
Porque combatir la corrupción no consiste únicamente en pedirle al ciudadano que denuncie. También implica construir instituciones en las que denunciar valga la pena y, sobre todo, en las que nadie tenga que elegir entre defender su patrimonio o arriesgarse a sufrir represalias.
La pregunta queda abierta para los mexiquenses: ¿cuántos posibles casos de extorsión permanecen en silencio porque quienes deberían hacer cumplir la ley son percibidos como parte del problema?
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