Entre 2018 y 2024, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió más de 30 mil carpetas por delitos relacionados con servidores públicos; apenas 0.05% terminó en sentencia condenatoria. Ocho denuncias presentadas por el OSFEM, incluida una relacionada con Toluca, permanecían en investigación inicial.
NOTIDEX JURIDICO.- Toluca, Estado de México.— Las cifras dibujan una pregunta difícil de ignorar: ¿qué ocurre con las denuncias de corrupción en el Estado de México una vez que llegan a la Fiscalía?
Entre 2018 y 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió 30 mil 425 carpetas de investigación relacionadas con hechos de corrupción cometidos presuntamente por servidores públicos. Sin embargo, de ese universo solamente se obtuvieron 14 sentencias condenatorias, equivalentes a aproximadamente 0.05% del total.
El dato no significa que las 30 mil 425 investigaciones debieran necesariamente terminar en una condena, pues una carpeta puede concluir por distintas vías y no todas llegan a juicio. Pero sí muestra una enorme diferencia entre el número de investigaciones iniciadas y las sentencias condenatorias obtenidas durante ese periodo.
Y en ese contraste aparece un caso que toca directamente a Toluca.
Toluca, entre las denuncias que siguen sin llegar a una resolución
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) presentó ocho denuncias penales ante la Fiscalía durante 2022, 2023 y 2024 relacionadas con posibles delitos cometidos por servidores públicos.
De acuerdo con información reportada por la auditora superior Liliana Dávalos Ham, las ocho denuncias permanecían en etapa de investigación inicial, algunas con una antigüedad de hasta cuatro años y sin personas detenidas. Entre los municipios y dependencias involucrados aparecen Toluca, Ocuilan, Santo Tomás, Ecatepec, Lerma, la Secretaría de Desarrollo Urbano y personal del propio OSFEM.
Uno de los expedientes corresponde a Toluca, por hechos registrados durante la administración municipal 2022-2024. La denuncia está relacionada con la probable revelación o comunicación de información reservada y posible abuso de autoridad.
Para Notidex, se solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México información sobre el estado actual de esa carpeta, así como el número de personas que han sido vinculadas a proceso por el delito de abuso de autoridad relacionado con estos casos.
Hasta el cierre de esta información no se obtuvo respuesta.
La ausencia de una respuesta oficial también forma parte de la historia: cuando una investigación lleva años abierta, la sociedad tiene derecho a conocer, dentro de los límites que establece la ley y la protección de las investigaciones, si existen avances, determinaciones ministeriales o razones que expliquen la demora.
La Fiscalía también investiga a sus propios servidores públicos
El problema de la corrupción no termina en las investigaciones contra funcionarios municipales o estatales. La propia FGJEM reportó que entre abril de 2025 y marzo de 2026 dio de baja a 579 servidores públicos.
De ese total, 281 eran agentes del Ministerio Público, 119 desempeñaban funciones administrativas, 115 eran policías de investigación, 33 trabajaban en Servicios Periciales, 11 eran oficiales conciliadores, 15 ocupaban mandos medios y cinco eran mandos superiores.
La Fiscalía informó además que la mayoría de las bajas fueron voluntarias y que 23 personas renunciaron por actos de corrupción. Durante el mismo periodo, mil 60 servidores públicos fueron cambiados o removidos de sus áreas como parte de un programa permanente de rotación.
El mismo informe de gestión de la Fiscalía señala que durante ese periodo se iniciaron 110 investigaciones contra servidores públicos, de las cuales se derivaron 179 expedientes judicializados, 93 vinculaciones a proceso y 33 sentencias condenatorias.
Estas cifras corresponden a un periodo diferente al de las 30 mil 425 carpetas acumuladas entre 2018 y 2024, por lo que no deben mezclarse como si fueran parte de una misma estadística.
La corrupción no se combate únicamente abriendo carpetas. Una investigación necesita llegar a una determinación: ejercer acción penal cuando corresponda, obtener una vinculación, llevar el caso ante un juez y, si las pruebas lo acreditan, conseguir una sentencia.
Por eso, la distancia entre 30 mil 425 investigaciones y 14 sentencias condenatorias durante 2018-2024 merece una explicación institucional.
También merece seguimiento el caso de las ocho denuncias del OSFEM. Si un expediente lleva varios años en investigación inicial, la pregunta no necesariamente es por qué alguien no ha sido detenido, porque una investigación no implica culpabilidad ni obliga a detener a una persona. La pregunta es más básica: ¿qué avance concreto ha tenido cada carpeta y cuál es su situación jurídica actual?
El caso de Toluca resulta especialmente relevante porque involucra señalamientos relacionados con información reservada y abuso de autoridad. Sin conocer el contenido completo de la investigación ni la determinación ministerial, no sería responsable afirmar que existió corrupción comprobada.
Pero tampoco sería suficiente que un expediente permanezca indefinidamente en el cajón.
La rendición de cuentas requiere dos cosas al mismo tiempo: respetar el debido proceso de las personas investigadas y garantizar que las denuncias no pierdan fuerza simplemente por el paso de los años.
Si una denuncia penal presentada por el órgano fiscalizador del Estado de México puede permanecer hasta cuatro años en investigación inicial, ¿qué mecanismos deberían existir para que la ciudadanía pueda conocer sus avances sin poner en riesgo las investigaciones ni vulnerar los derechos de los involucrados?
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