La pirotecnia forma parte de fiestas patronales, procesiones y celebraciones en numerosos municipios mexiquenses, pero también ha dejado muertos, heridos y preguntas sobre la vigilancia. ¿Prohibirla por completo o regularla de otra manera?
Estado de México.— En el Estado de México hay sonidos que forman parte del paisaje cotidiano: campanas, música de banda, cohetes y el estruendo de la pólvora anunciando que en alguna comunidad hay fiesta.
Para muchas familias, un cohete no representa solamente una explosión. Puede significar una procesión, una fiesta patronal, una tradición heredada de los abuelos o una manera de acompañar una celebración religiosa.
Pero existe otra cara.
En 2026, las explosiones relacionadas con la pirotecnia han vuelto a colocar al Estado de México frente a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede defenderse una tradición cuando los accidentes comienzan a cobrar vidas?
El debate tomó una nueva dimensión después de la explosión ocurrida el 5 de septiembre en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, donde el saldo actualizado llegó a 11 personas fallecidas y 82 atendidas por instituciones de salud, de acuerdo con el seguimiento de los hechos. El material pirotécnico estaba almacenado en un espacio contiguo a la parroquia y la Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar qué provocó la primera detonación y si existieron responsabilidades.
No fue un accidente aislado.
Un recuento periodístico contabilizó 17 explosiones relacionadas con pirotecnia durante 2026 hasta el 22 de septiembre, con al menos 20 personas fallecidas y más de un centenar de lesionadas. La cifra incluye incidentes ocurridos durante fabricación, almacenamiento, transporte y celebraciones.
Ante este escenario, la discusión ya no puede reducirse a un simple “sí o no” a los cohetes.
Drones: tradición que puede mirar al cielo sin pólvora
Hay una tercera posibilidad que merece entrar seriamente en la conversación: los espectáculos de drones.
No se trata de sustituir una tradición por un espectáculo frío o tecnológico. Se trata de preguntarnos si la emoción colectiva de mirar el cielo puede conservarse sin necesidad de una detonación.
Cientos de drones equipados con luces LED pueden coordinarse para formar figuras, símbolos, animales, imágenes religiosas, personajes, mensajes e incluso representaciones relacionadas con la historia de cada comunidad. El cielo puede seguir siendo el escenario; lo que cambia es la herramienta.
Y existe una ventaja importante: los drones son reutilizables. A diferencia de un cohete, que se consume en segundos y deja humo, residuos y partículas después de la detonación, las aeronaves pueden utilizarse nuevamente en otras celebraciones.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha señalado precisamente a los drones y las luces láser como alternativas ambientalmente amigables frente a la pirotecnia, debido a las emisiones y partículas que generan los fuegos artificiales.
Además, el modelo ya está llegando a las fiestas patronales. En 2026 se han documentado espectáculos de drones utilizados como alternativa a los fuegos artificiales en celebraciones comunitarias, precisamente con el objetivo de reducir ruido y contaminación.
Prohibir: ¿solución o puerta a la clandestinidad?
Una prohibición absoluta podría parecer la respuesta más sencilla después de una tragedia.
Sin embargo, en municipios donde la pirotecnia representa una actividad económica y una tradición comunitaria profundamente arraigada, eliminarla de un día para otro podría generar otro problema: trasladar parte de la actividad hacia espacios clandestinos.
El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia señala que existe presencia de fabricantes en más de 60 municipios y que alrededor de 40 mil familias dependen directa o indirectamente de esta actividad. Además, la pirotecnia está presente en numerosos espacios religiosos: el propio instituto contabiliza alrededor de 8 mil 200 iglesias en la entidad.
Tultepec es quizá el ejemplo más conocido.
Ahí, la elaboración de fuegos artificiales no solamente representa una fuente de ingresos. También constituye un conocimiento transmitido entre generaciones y una parte de la identidad local.
Por eso, cualquier política pública que busque reducir la pirotecnia tendría que responder primero qué ocurrirá con las familias que dependen de ella.
¿Se les ofrecerán alternativas?
¿Habrá capacitación?
¿Se apoyará la reconversión de talleres?
¿Existirán incentivos para fabricar productos menos peligrosos?
Una prohibición sin respuestas económicas podría dejar a los productores entre dos opciones: abandonar su oficio o continuar de manera irregular.
Y ahí aparecería un riesgo todavía mayor.
Los antecedentes muestran que los talleres clandestinos forman parte del problema. Entre enero de 2020 y octubre de 2025, Protección Civil estatal atendió 72 explosiones en talleres y polvorines, con 45 personas fallecidas, 90 lesionadas y 41 establecimientos clandestinos detectados.
El verdadero problema: cuando el riesgo se vuelve cotidiano
Quizá una de las dificultades más grandes sea precisamente la normalización.
Cuando una persona escucha un cohete todos los días, puede dejar de percibirlo como una amenaza.
El estruendo se convierte en parte del paisaje.
Pero la pólvora no pierde su capacidad destructiva porque la comunidad se haya acostumbrado a ella.
La tragedia de Temascalcingo lo volvió a demostrar. El material pirotécnico se encontraba almacenado junto a una parroquia y la explosión provocó el colapso de parte de la construcción.
La Fiscalía deberá determinar qué originó la primera detonación. Hasta ahora, distintas hipótesis y testimonios han circulado, pero ninguno puede sustituir al peritaje oficial.
Y ese punto es fundamental.
No todo accidente significa automáticamente que alguien haya cometido un delito, pero cada accidente sí debería obligar a revisar qué falló.
¿Dónde estaba almacenado el material?
¿Quién lo autorizó?
¿Había medidas de seguridad?
¿Existían permisos?
¿Quién debía supervisar?
¿Había personas ajenas al manejo de la pirotecnia dentro de una zona de riesgo?
Son preguntas que deberían acompañar cualquier investigación.
Porque si después de cada explosión solamente se contabilizan muertos y heridos, pero no se corrigen las condiciones que permitieron el accidente, el problema permanece.
Una regulación que distinga entre tradición y riesgo
La discusión podría tener un punto intermedio.
No necesariamente se trata de escoger entre prohibir todo o permitir todo.
Una alternativa sería establecer controles diferenciados según el tipo de actividad.
Una quema realizada durante una procesión no necesariamente implica los mismos riesgos que almacenar grandes cantidades de material explosivo dentro de una vivienda o junto a una iglesia.
Por eso, una política más estricta podría considerar:
- Permisos específicos para espectáculos y celebraciones.
- Zonas de seguridad claramente delimitadas.
- Horarios establecidos para las quemas.
- Inspecciones periódicas a talleres y espacios de almacenamiento.
- Capacitación obligatoria para quienes manipulen pólvora.
- Prohibición efectiva de menores en actividades de alto riesgo.
- Protocolos para fiestas patronales, procesiones y eventos masivos.
- Registro y trazabilidad del material pirotécnico.
- Sanciones efectivas cuando se opere clandestinamente.
- Programas de reconversión y apoyo económico para quienes necesiten transitar hacia actividades menos riesgosas.
El propio Estado de México ya tiene experiencias de regulación diferenciada.
Después de la tragedia de Temascalcingo, varios municipios modificaron sus medidas para las fiestas patrias. Algunos cancelaron celebraciones, mientras otros establecieron controles adicionales para la venta, almacenamiento y uso de pólvora. En Toluca, por ejemplo, se optó por limitar la cantidad utilizada en quemas autorizadas en lugar de establecer una prohibición total.
Eso demuestra que el debate ya no es teórico.
Los municipios están tomando decisiones distintas frente al mismo problema.
La pirotecnia también tiene un significado cultural
Reducir el debate exclusivamente a la seguridad sería insuficiente.
En muchas comunidades, la pirotecnia acompaña la vida religiosa y comunitaria.
Está presente en las fiestas patronales, procesiones, celebraciones y otras actividades que forman parte de la identidad local.
Por eso, cualquier intento de eliminarla tendría que considerar algo que difícilmente puede regularse mediante un decreto: el significado que las comunidades le atribuyen a la tradición.
Cuando una costumbre forma parte de la identidad colectiva, prohibirla puede producir resistencia.
Pero conservar una tradición tampoco significa conservar intactas todas sus prácticas.
Las comunidades también cambian.
Las reglas de seguridad pueden cambiar.
Los materiales pueden evolucionar.
Los métodos de almacenamiento pueden mejorar.
Incluso las propias celebraciones podrían encontrar formas de mantener su atractivo reduciendo la cantidad de pólvora utilizada.
La pregunta no tendría que ser solamente si una fiesta puede realizarse sin cohetes.
También podría ser:
¿puede una fiesta conservar su identidad utilizando menos pólvora y aumentando la seguridad?
Ni prohibición ciega ni permisividad
La tragedia de Temascalcingo obliga a mirar el problema sin romanticismo, pero también sin prejuicios.
Decir que toda pirotecnia debe desaparecer ignora la dimensión económica y cultural que tiene para numerosas comunidades.
Decir que todo debe continuar igual también sería difícil de defender después de una cadena de accidentes que sigue dejando víctimas.
El Estado tiene que encontrar un punto donde la tradición no sea utilizada como argumento para ignorar el riesgo y la seguridad no sea utilizada como pretexto para ignorar a las comunidades.
La responsabilidad tampoco puede recaer únicamente en los artesanos.
Si existen talleres clandestinos, hay que preguntar cómo operan.
Si existen permisos, hay que verificar cómo se supervisan.
Si existen normas, hay que comprobar quién las cumple y quién no.
Y si las autoridades conocen los puntos de riesgo, la pregunta inevitable es por qué algunos accidentes siguen ocurriendo.
La regulación no debería aparecer solamente después de una explosión.
Prevenir significa actuar antes de que haya otra tragedia.
Porque prohibir puede ser sencillo en el papel.
Lo difícil es construir una política pública que reduzca accidentes sin destruir una actividad económica ni desconocer una tradición comunitaria.
¿El Estado de México debería prohibir los cohetes o debería imponer controles mucho más estrictos para que una tradición centenaria deje de cobrarse vidas?







