La Suprema Corte validó la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE; el mecanismo será voluntario, confidencial y no podrá impedir por sí mismo el registro de una candidatura.
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la creación de un mecanismo del Instituto Nacional Electoral (INE) destinado a identificar posibles riesgos de infiltración del crimen organizado en las candidaturas.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte avaló el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, al considerar que la llamada Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tiene una naturaleza preventiva e informativa y no establece un nuevo requisito de elegibilidad para quienes buscan competir por un cargo de elección popular.
La resolución se produjo después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnara las disposiciones que dieron origen a este mecanismo, al considerar que podrían afectar derechos políticos y la presunción de inocencia.
¿Cómo funcionará la revisión del INE a los candidatos?
La Comisión no investigará de manera indiscriminada a todas las personas que aspiren a una candidatura.
El procedimiento parte de la participación voluntaria de los propios aspirantes y de los partidos políticos. Una vez que existe consentimiento, los perfiles pueden ser remitidos a distintas instituciones para realizar un análisis relacionado con posibles riesgos.
Entre las autoridades que pueden intervenir se encuentran instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y análisis financiero, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La finalidad es reunir información que permita identificar posibles señales de riesgo relacionadas con actividades delictivas o con estructuras criminales.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental que la resolución de la Corte deja sobre la mesa: aparecer dentro de un análisis de riesgo no significa que una persona haya cometido un delito.
El mecanismo tampoco convierte automáticamente un reporte de inteligencia en una causa para impedir una candidatura.
De acuerdo con el criterio avalado por la SCJN, la revisión tiene carácter voluntario y sus resultados no son vinculantes para determinar si una persona puede o no ser registrada como candidata.
PRI cuestionó la presunción de inocencia
La controversia presentada por el PRI se centró, entre otros aspectos, en los posibles efectos que podría generar la negativa de un aspirante a participar en la revisión.
El argumento planteó que, aunque formalmente la evaluación sea voluntaria, negarse podría generar sospechas públicas y convertirse en una especie de veto indirecto.
También se cuestionó el impacto que información no judicializada pudiera tener sobre una persona que conserva su derecho a ser considerada inocente mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.
La Suprema Corte concluyó que, al no tratarse de un requisito obligatorio ni de una causa automática de inelegibilidad, el mecanismo no constituye por sí mismo una restricción al derecho de ser votado.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó durante la discusión que los partidos presentan los nombres con la anuencia correspondiente, posteriormente las instituciones competentes realizan sus análisis y la información regresa a la Comisión para ser entregada a los partidos políticos.
En consecuencia, la decisión final sobre el registro de las candidaturas no queda sustituida por el análisis de riesgo.
El debate: seguridad electoral contra presunción de inocencia
Uno de los puntos más delicados de la resolución tiene que ver con el tipo de información que puede utilizarse para detectar posibles vínculos criminales.
Durante la discusión en la Corte, el ministro Giovanni Figueroa planteó que los indicios comunicados por las autoridades de seguridad deberían contar con un respaldo judicial previo, particularmente cuando pudieran tener consecuencias sobre una candidatura.
La propuesta no fue aprobada.
El debate refleja una tensión que probablemente continuará durante los próximos procesos electorales: ¿hasta dónde puede llegar la inteligencia del Estado para prevenir la infiltración criminal sin convertir información preliminar en una condena política?
Las autoridades de seguridad trabajan con información que puede provenir de investigaciones, análisis financieros, inteligencia y cruces de datos. Esa información puede resultar útil para detectar riesgos, pero no necesariamente tiene el mismo valor probatorio que una evidencia presentada y desahogada ante un tribunal.
Por ello, el tratamiento de los resultados será tan importante como la propia investigación.
Una herramienta que pone a prueba al INE
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas coloca al INE frente a una responsabilidad particularmente delicada.
Por un lado, existe la necesidad de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de que grupos delictivos utilicen candidaturas, gobiernos municipales o estructuras políticas para ampliar su influencia.
Por otro, cualquier procedimiento de revisión debe proteger los derechos políticos de las personas y evitar que una sospecha termine transformándose, en los hechos, en una condena pública.
La confidencialidad será un elemento central.
Si la información obtenida durante una evaluación se filtra antes de que exista una determinación judicial, el daño político y personal podría producirse incluso cuando posteriormente no se acredite ninguna conducta delictiva.
Por eso, el verdadero reto no será solamente detectar posibles vínculos, sino establecer controles claros sobre cómo se obtiene, analiza, conserva y utiliza esa información.
Elecciones 2027: un nuevo escenario para los candidatos
La resolución de la SCJN adquiere especial relevancia de cara al proceso electoral de 2027, cuando millones de mexicanos acudirán nuevamente a las urnas.
La discusión sobre seguridad electoral ya no se limita a garantizar que las casillas puedan instalarse o que las campañas se desarrollen sin violencia.
También incluye la necesidad de impedir que intereses criminales puedan influir en la selección de candidatos o utilizar recursos ilícitos para obtener posiciones de poder.
Pero existe otra obligación igualmente importante: garantizar que la búsqueda de seguridad no termine debilitando derechos fundamentales.
Una democracia necesita mecanismos para protegerse de la delincuencia organizada, pero también necesita reglas que impidan que una acusación sin sentencia determine quién puede o no participar en la vida pública.
La decisión de la Suprema Corte abre una discusión que va mucho más allá del INE.
México enfrenta el desafío de evitar que el crimen organizado penetre en los procesos electorales. Ignorar ese riesgo sería irresponsable. Sin embargo, combatirlo tampoco puede significar que cualquier señal, reporte de inteligencia o sospecha se convierta automáticamente en una sentencia ante la opinión pública.
La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas tendrá que demostrar que puede encontrar un punto de equilibrio entre seguridad y derechos políticos.
La ciudadanía también tendrá que exigir información clara: quién revisa a los candidatos, bajo qué criterios, qué instituciones participan, cómo se protege la información y qué sucede cuando una investigación no encuentra elementos suficientes.
Porque si la herramienta se utiliza correctamente puede aportar información relevante para prevenir la infiltración criminal; pero si se utiliza sin controles suficientes, podría abrir la puerta a señalamientos difíciles de revertir.
¿Ustedes qué opinan: revisar posibles vínculos delictivos de quienes buscan una candidatura fortalece la democracia mexicana o existe el riesgo de que información no judicializada termine convirtiéndose en una condena política anticipada?
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