Samuel Baldomero, vinculado a proceso por el delito de extorsión, habría abandonado un recinto judicial de Tlalnepantla de Baz después de que una jueza determinara modificar las medidas cautelares y ordenar prisión preventiva. Autoridades buscan localizarlo y se analiza cómo pudo salir del inmueble.
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.– Un caso judicial en el Estado de México tomó un nuevo giro luego de que Samuel Baldomero, empresario vinculado a proceso por un presunto caso de extorsión, abandonara un recinto judicial de Tlalnepantla de Baz pese a que se había determinado imponerle la prisión preventiva.
De acuerdo con la información disponible, el imputado se encontraba sujeto a medidas cautelares y portaba un dispositivo electrónico de localización, debido al proceso penal iniciado en su contra. Tras detectarse presuntos incumplimientos a las restricciones establecidas por el juzgado, una jueza determinó modificar las condiciones bajo las cuales enfrentaba su proceso.
Sin embargo, la medida cautelar no habría podido hacerse efectiva porque el acusado salió del inmueble judicial antes de quedar bajo custodia.
Del proceso en libertad a la prisión preventiva
Samuel Baldomero fue vinculado a proceso en diciembre de 2025 por un presunto delito de extorsión en agravio de una víctima cuya identidad permanece reservada.
En una primera etapa, se le permitió continuar el proceso en libertad bajo diversas condiciones. Entre ellas se encontraba una garantía económica de 100 mil pesos, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades, la prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, así como una restricción para abandonar el país.
También se establecieron zonas específicas en las que podía permanecer y se le colocó un brazalete electrónico para monitorear sus movimientos.
Las áreas autorizadas correspondían principalmente a su domicilio en Atizapán de Zaragoza y a su centro laboral en Tlalnepantla de Baz.
Durante junio, julio y agosto de 2026 habría obtenido autorizaciones temporales para permanecer en la Ciudad de México. Sin embargo, en septiembre el órgano jurisdiccional rechazó una nueva ampliación de ese permiso y también fueron negadas cuatro solicitudes para trasladarse a la capital.
El incumplimiento de las condiciones impuestas derivó finalmente en la decisión de modificar la medida cautelar y ordenar la prisión preventiva.
¿Cómo logró salir del recinto judicial?
El punto que ahora genera interrogantes es que la orden de prisión preventiva no pudo ejecutarse dentro del propio recinto judicial, debido a que Baldomero habría abandonado las instalaciones.
La representación jurídica de la víctima prepara la solicitud de una orden de aprehensión y plantea que se investiguen las circunstancias que permitieron la salida del imputado.
Entre los aspectos que podrían ser revisados se encuentra la actuación del personal encargado de la custodia durante las audiencias, así como la intervención que habría tenido su defensa particular.
Hasta que una investigación determine responsabilidades, cualquier señalamiento sobre una posible complicidad debe considerarse una hipótesis y no un hecho acreditado.
El caso también pone bajo escrutinio los mecanismos de seguridad empleados dentro de los juzgados, particularmente cuando una persona se encuentra sujeta a medidas cautelares y existe una determinación judicial que modifica su situación jurídica.
Un episodio que abre preguntas sobre la seguridad judicial
Más allá de la acusación que enfrenta Samuel Baldomero, su presunta salida de un recinto judicial plantea una pregunta relevante: ¿cómo puede una persona a la que se acaba de imponer prisión preventiva abandonar el lugar antes de que la medida sea ejecutada?
La respuesta tendrá que surgir de una investigación formal y no de especulaciones. Será necesario determinar qué ocurrió durante los minutos posteriores a la resolución judicial, quiénes tenían responsabilidades de custodia y si existieron fallas en los protocolos de seguridad.
También será importante conocer la versión de la defensa del imputado y de las autoridades responsables del inmueble, pues el debido proceso no termina con una acusación: también exige que las instituciones actúen conforme a la ley y puedan explicar públicamente, dentro de los límites legales, lo ocurrido.
¿Quién debe responder cuando falla la custodia?
Un sistema de justicia no solamente se mide por la capacidad de presentar a una persona ante un juez, sino también por la capacidad institucional para cumplir las resoluciones judiciales.
Si se confirma que un imputado sujeto a una nueva medida de prisión preventiva logró salir de un juzgado, la investigación debería esclarecer responsabilidades sin anticipar culpabilidades. No se trata de condenar mediáticamente a quienes estuvieron presentes, sino de saber si existieron omisiones, errores de protocolo o alguna conducta deliberada.
La pregunta queda abierta para el lector: si una persona bajo vigilancia electrónica y dentro de un recinto judicial puede salir justo cuando se ordena su prisión preventiva, ¿qué tan sólidos son los mecanismos de seguridad que deberían garantizar el cumplimiento de las decisiones de los jueces?
En este caso, más allá de localizar al imputado, también será fundamental explicar a la sociedad cómo ocurrió la fuga y qué medidas se tomarán para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
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