El fortalecimiento del Partido Liberal en las elecciones legislativas de Brasil abre un nuevo escenario para la discusión sobre minería en territorios indígenas, mientras organizaciones originarias y ambientalistas advierten sobre posibles retrocesos en materia de protección ambiental.
Brasilia.— Las elecciones legislativas de Brasil modificaron el equilibrio político del Congreso y colocaron nuevamente en el centro de la discusión el futuro de la Amazonía y los territorios indígenas.
El Partido Liberal (PL), identificado con el movimiento político de Jair Bolsonaro y actualmente encabezado en la contienda presidencial por su hijo, Flávio Bolsonaro, consiguió 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y 28 lugares en el Senado, convirtiéndose en la principal fuerza parlamentaria en ambas cámaras. Sin embargo, no cuenta por sí solo con una mayoría absoluta.
El resultado ha generado preocupación entre organizaciones indígenas y ambientalistas debido a que una parte del nuevo Congreso ha defendido iniciativas relacionadas con el aprovechamiento económico de recursos naturales en territorios indígenas.
Esto no significa que la minería haya sido autorizada automáticamente. Por el contrario, el tema deberá pasar por un proceso legislativo y permanecerá sujeto a las reglas constitucionales y a las decisiones judiciales vigentes.
Minería en tierras indígenas: el debate que llegará al Congreso
La Constitución brasileña establece condiciones específicas para la investigación y explotación de recursos minerales en tierras indígenas. La falta de una regulación integral ha llevado incluso al Supremo Tribunal Federal (STF) a intervenir.
En agosto de 2026, el STF confirmó una decisión que otorgó al Congreso un plazo de 24 meses para elaborar una legislación sobre la explotación minera en tierras indígenas, debido a la ausencia de una regulación específica. Mientras tanto, se establecieron reglas provisionales para determinados casos.
El asunto, por tanto, tendrá que ser discutido por el Congreso que asumirá sus funciones el 1 de febrero de 2027.
Ya existen propuestas legislativas sobre la mesa. El Senado, por ejemplo, tiene en trámite el Proyecto de Ley 2608/2026, que busca establecer condiciones para la investigación y explotación de minerales e hidrocarburos, así como para el aprovechamiento de recursos hídricos destinados a la generación de energía en tierras indígenas. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, consultas a las comunidades e indemnizaciones por impactos.
Organizaciones indígenas, sin embargo, han cuestionado distintos intentos de regulación cuando consideran que no garantizan plenamente la consulta previa, libre e informada.
El Consejo Nacional de Política Indigenista ha advertido que cualquier regulación debe respetar los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y la legislación internacional aplicable, incluida la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Amazonía: entre la riqueza mineral y la protección ambiental
La discusión tiene una dimensión que supera el ámbito económico.
Las tierras indígenas representan una de las principales áreas de conservación de vegetación nativa en la Amazonía brasileña. Organizaciones ambientales han advertido que una expansión de actividades mineras podría incrementar presiones sobre los bosques, especialmente en zonas donde también existe minería ilegal.
La preocupación también está relacionada con el mercurio utilizado en actividades de extracción de oro, una sustancia que puede contaminar agua, suelo y cadenas alimentarias y generar consecuencias para las comunidades que dependen directamente de esos ecosistemas.
Al mismo tiempo, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha impulsado acciones para reducir la deforestación y combatir la minería ilegal en la Amazonía. Los resultados ambientales de esa política, sin embargo, podrían verse condicionados por las decisiones que adopte el nuevo Congreso en materia de explotación de recursos naturales.
En las elecciones del 4 de octubre, el fortalecimiento del PL coincidió con una mayor presencia de fuerzas conservadoras en el Legislativo. De acuerdo con datos reportados tras los comicios, 59.1% de la nueva Cámara de Diputados estará integrada por parlamentarios identificados con la derecha, mientras que la representación indígena federal seguirá siendo reducida: únicamente tres personas que se declararon indígenas fueron elegidas para la Cámara, equivalente a 0.6% de sus integrantes.
El escenario también se conecta con la elección presidencial. Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre, después de que el candidato del PL obtuviera 47.04% de los votos válidos frente a 45.15% del actual presidente en la primera ronda.
Sin embargo, independientemente de quién ocupe la Presidencia, la composición del Congreso tendrá un papel determinante en las leyes que regulen la explotación de recursos ¿desarrollo económico o protección territorial?
El debate brasileño plantea una pregunta que va mucho más allá de una elección presidencial: ¿cómo debe equilibrar un país la explotación de sus recursos naturales con la protección de territorios indígenas y ecosistemas estratégicos?
La discusión no debería reducirse únicamente a estar a favor o en contra de la minería. También implica analizar quién autoriza los proyectos, qué comunidades participan en las decisiones, qué compensaciones reciben, cuáles son los controles ambientales y quién responde cuando una actividad provoca daños que pueden ser irreversibles.
La Amazonía es al mismo tiempo un territorio habitado, una reserva de biodiversidad y una fuente de recursos naturales. Las decisiones que adopte el próximo Congreso brasileño podrían establecer reglas que tengan consecuencias durante décadas.
El cuestionamiento para nuestros lectores es: ¿qué condiciones deberían cumplirse para que una actividad económica en territorios indígenas pueda considerarse compatible con los derechos de sus habitantes y con la protección de la Amazonía?
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