Señalan a juez de oralidad penal
Notidex | Puebla. Presuntas irregularidades relacionadas con la venta de productos, posibles cobros ilegales y el control de actividades comerciales dentro de centros penitenciarios de Puebla han puesto bajo cuestionamiento la supervisión de las cárceles estatales. Las denuncias difundidas en medios señalan al juez de oralidad penal Salvador Hernández Martínez, a quien atribuyen una supuesta influencia en la operación de distintos reclusorios.
Las acusaciones, que también mencionan a presuntos operadores penitenciarios y posibles vínculos entre funcionarios y personas privadas de la libertad, requieren una investigación independiente que permita determinar responsabilidades. Hasta el momento, los señalamientos descritos en la información disponible no deben considerarse hechos judicialmente acreditados.
El nombre de Hernández Martínez aparece en el directorio oficial del Poder Judicial de Puebla como juez de oralidad penal y ejecución del sistema acusatorio adversarial.
Tepexi de Rodríguez: denuncian presuntas extorsiones y control de ventas
Uno de los centros penitenciarios mencionados en las denuncias es el de Tepexi de Rodríguez. Según los señalamientos, existiría un supuesto esquema de control sobre la comercialización de alimentos, abarrotes y otros productos dentro del reclusorio, acompañado de presiones contra quienes no aceptaran las condiciones impuestas.
Las acusaciones también atribuyen al juez una presunta relación con un hombre identificado como Roberto, conocido como “El Bukanas”, y sostienen que existirían vínculos con personas que ejercen funciones dentro del penal.
Entre los puntos que se pide esclarecer está la presunta existencia de cobros ilegales, agresiones contra internos y posibles influencias en decisiones relacionadas con traslados penitenciarios. No obstante, la información proporcionada no incluye resoluciones judiciales ni pruebas independientes que permitan dar por confirmadas esas imputaciones.
El contexto penitenciario sí ha generado preocupación pública por otros hechos documentados. En marzo de 2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó que abrió una queja de oficio después de que se difundieran testimonios de personas internas en Tepexi sobre presuntas irregularidades en alimentación, atención médica, higiene y posibles abusos. Esa investigación no acredita por sí misma las acusaciones particulares contra el juez.
Penal de San Miguel: señalamientos sobre operadores y posibles cobros ilegales
En el Centro de Reinserción Social de San Miguel, ubicado en la capital poblana, las denuncias mencionan a personas identificadas como Juan Pedro y “El Primo”, a quienes atribuyen supuestas funciones de control interno. También hacen referencia a un hombre conocido como “El Félix”, señalado por los denunciantes por su presunta relación con actividades de narcomenudeo.
La información difundida sostiene que familiares de personas privadas de la libertad y otros actores han manifestado inconformidades por las condiciones de seguridad y por posibles cobros dentro del centro penitenciario.
Por separado, el 27 de julio de 2026, familiares de internos se manifestaron en las inmediaciones del penal de San Miguel para denunciar presuntas extorsiones y cobros ilegales. En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública informó que había iniciado investigaciones internas. Estos antecedentes reflejan que las denuncias sobre posibles abusos y cobros en el reclusorio necesitan seguimiento institucional, pero no demuestran la participación de las personas mencionadas en las acusaciones actuales.
Ciudad Serdán: cuestionan presunto monopolio de alimentos y presiones a custodios
Otro de los puntos señalados es el penal femenil de Ciudad Serdán, donde las denuncias atribuyen a Hernández Martínez una supuesta intervención en la comercialización de alimentos.
Los señalamientos también refieren presuntas presiones laborales contra personal de custodia. De acuerdo con los testimonios descritos, algunos trabajadores temerían ser removidos de sus cargos si no acatan determinadas instrucciones.
De confirmarse, prácticas de esta naturaleza representarían un problema serio para la autonomía del personal, la transparencia administrativa y la seguridad de quienes viven y trabajan en los centros penitenciarios. Sin embargo, para establecer responsabilidades se requieren testimonios verificables, documentación, investigaciones formales y la oportunidad de respuesta de las personas señaladas.
La información proporcionada también menciona cambios en cargos administrativos del sistema de justicia y presuntas relaciones de influencia entre funcionarios. Estos puntos deben revisarse con documentos oficiales para distinguir los hechos comprobables de las versiones difundidas.
Las cárceles no pueden operar bajo sospechas sin respuestas claras
Las denuncias sobre presuntos cobros ilegales, agresiones, control de negocios y posibles redes de influencia dentro de los penales de Puebla plantean un problema que no puede minimizarse. Las personas privadas de la libertad conservan sus derechos humanos y deben contar con condiciones de seguridad, acceso a servicios básicos y mecanismos efectivos para denunciar abusos.
La gravedad de las acusaciones exige algo más que declaraciones o versiones extraoficiales: se necesitan investigaciones imparciales, vigilancia institucional y resultados que puedan ser consultados por la ciudadanía. También debe garantizarse que el personal penitenciario pueda denunciar irregularidades sin temor a represalias.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla ha documentado vulneraciones en centros penitenciarios en otros expedientes. En una recomendación relacionada con Tepexi de Rodríguez, el organismo acreditó violaciones a los derechos a la vida y a la seguridad jurídica en un caso ocurrido en 2022. Aunque se trata de hechos distintos, el antecedente subraya la importancia de la supervisión y de que las autoridades cumplan sus obligaciones de protección.
La crítica central es la falta de claridad que generan las acusaciones cuando no existe información pública suficiente sobre su investigación y seguimiento. Si hay pruebas, deben presentarse ante las instancias competentes; si los señalamientos no se acreditan, también debe informarse con claridad. La rendición de cuentas no puede depender de rumores ni quedar sustituida por el silencio institucional.
¿Consideras que las autoridades de Puebla deberían abrir una revisión independiente de las denuncias sobre presuntas extorsiones y control de negocios en los penales, y publicar los resultados para dar certeza a internos, familiares y custodios?
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