En la madrugada del 11 de septiembre de 2024, el partido Morena, que actualmente gobierna México con una mayoría contundente, logró aprobar una de las reformas constitucionales más polémicas de la historia reciente del país. Esta reforma judicial, que transforma profundamente el sistema de justicia mexicano, ha generado un ambiente de incertidumbre y tensión tanto a nivel nacional como internacional. El punto más controvertido de esta enmienda es la introducción del voto popular para la elección de jueces, un modelo sin precedentes en países de tamaño y población similares a México.
La reforma fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su último año de mandato y respaldada firmemente por su sucesora designada, Claudia Sheinbaum. A menos de un mes de dejar el poder, López Obrador consiguió su objetivo con una ajustada mayoría de 86 votos en el Senado, el mínimo requerido para una reforma constitucional. El apoyo crucial vino de una fuente inesperada: la familia Yunes, tradicionalmente ligada al Partido Acción Nacional (PAN) y adversaria política de Morena. En un giro sorprendente, el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez rompió filas con su partido y dio su voto a favor de la reforma, lo que permitió alcanzar la mayoría calificada.
Principales Cambios de la Reforma
- Elección Popular de Jueces: Por primera vez, los jueces serán seleccionados mediante votación popular, lo que podría influir en la imparcialidad del sistema judicial.
- Reestructuración del Sistema Judicial: Se prevén modificaciones profundas que podrían alterar la dinámica entre el poder judicial y el ejecutivo.
- Creación de Nuevas Instituciones: La reforma incluye la formación de nuevas entidades para supervisar y administrar la justicia.
El impacto de la aprobación de esta reforma no ha sido menor. La incertidumbre entre los inversionistas ha provocado una depreciación del peso mexicano, mientras que en el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la posible pérdida de independencia del Poder Judicial en México. Estas preocupaciones diplomáticas han tensado las relaciones entre ambos países, con rumores de una crisis diplomática en ciernes.
A nivel interno, la reforma también ha generado una ola de manifestaciones. Grupos de ciudadanos, incluyendo trabajadores del Poder Judicial, han salido a las calles en protesta. Las movilizaciones se intensificaron a medida que el debate en el Senado se acercaba a su momento decisivo, y las críticas hacia la reforma aumentaron, tanto desde la oposición política como desde sectores de la sociedad civil.
El bloque oficialista de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), logró sumar el voto decisivo de Yunes Márquez, a pesar de las fuertes críticas de su propio partido. El senador del PAN, Ricardo Anaya, no dudó en acusar a Yunes de traición, mientras que la bancada panista estalló en descalificaciones durante la sesión. Sin embargo, Yunes defendió su decisión como un acto de valentía, afirmando que su voto no fue producto de presiones del oficialismo, sino de su convicción de que la reforma, aunque imperfecta, podría mejorarse en el futuro.
La ausencia del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Barreda, también jugó un papel clave. Barreda no asistió a la sesión alegando razones familiares, lo que favoreció la obtención de los votos necesarios para aprobar la reforma. La oposición acusó al oficialismo de coacción, señalando que las fiscalías estatales estaban siendo utilizadas para presionar a los senadores indecisos, una acusación que Morena negó categóricamente.
La sesión en el Senado estuvo marcada por el caos. Las protestas afuera del recinto legislativo obligaron a un cambio repentino de sede, después de que manifestantes irrumpieran en el pleno. A pesar del despliegue policial, los manifestantes lograron ingresar y tomar posiciones dentro del Senado, entonando el Himno Nacional y mostrando su apoyo a los legisladores opositores. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la oposición de permitir deliberadamente la entrada de los manifestantes en un intento de sabotaje.
A pesar de las protestas, el oficialismo mantuvo su curso. Los senadores de Morena votaron en bloque, citando en repetidas ocasiones a López Obrador como el principal artífice de la reforma. Con el Senado controlado, el siguiente paso será la ratificación de la enmienda en los congresos estatales, un proceso que se espera sea sencillo dado que Morena gobierna en la mayoría de los estados del país.
La reforma judicial marca un antes y un después en la historia política de México. Para algunos, representa un avance democrático al permitir que los ciudadanos elijan a los jueces; para otros, es un peligroso precedente que podría debilitar la independencia judicial y aumentar el control del Ejecutivo sobre otros poderes del Estado.
López Obrador deja esta reforma como parte de su legado, pero será Claudia Sheinbaum quien tendrá la responsabilidad de implementarla y enfrentar las consecuencias políticas, sociales y económicas que pueda traer. Mientras tanto, México se adentra en un terreno desconocido, con un sistema de justicia en transición y un clima político cargado de tensión.
En conclusión, la reforma judicial aprobada por Morena representa uno de los cambios más importantes en el sistema político y judicial de México en las últimas décadas. Su implementación será un desafío para el próximo gobierno y la reacción tanto de la sociedad como de la comunidad internacional seguirá siendo crítica en los próximos meses. Sin duda, el tiempo dirá si este paso histórico fue un avance hacia una mayor democratización o un riesgo para la estabilidad institucional del país.
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