La indignación social en Nuevo León estalló tras la clausura del Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina el pasado 13 de septiembre de 2025, luego de denuncias por presunto sacrificio de cerca de 70 perros, además de casos de desnutrición y falta de atención veterinaria. Lo que en teoría debía ser un refugio seguro, terminó convertido en el epicentro de uno de los mayores escándalos de maltrato animal en la entidad.
Un refugio clausurado y animales en condiciones críticas
Durante un cateo realizado los días 14 y 15 de septiembre, autoridades estatales aseguraron 34 animales entre perros y gatos y confirmaron que más de 70 presentaban enfermedades y cuadros de desnutrición. Los ejemplares fueron trasladados al Centro Estatal de Control y Bienestar Animal, mientras que las instalaciones municipales quedaron clausuradas de manera indefinida.
Las imágenes y testimonios difundidos exhibieron jaulas sucias, falta de alimento y atención médica nula, una clara violación a la Ley de Protección y Bienestar Animal de Nuevo León, reformada apenas en junio de este mismo año.
Protestas en el Grito de Independencia
El malestar ciudadano se hizo presente la noche del 15 de septiembre, cuando activistas y colectivos defensores de los animales marcharon en Santa Catarina en plena celebración del Grito. La protesta terminó en choques con la Policía de Reacción, dejando varios detenidos.
Artistas locales, en un acto de solidaridad, cancelaron sus presentaciones programadas para esa noche, enviando un mensaje contundente contra la indiferencia de las autoridades.
¿Recorte presupuestal?
De acuerdo con denuncias de activistas y medios locales, el alcalde Jesús Nava habría suspendido la compra de alimento para los animales alegando recortes presupuestales. Esta decisión habría precipitado la ola de muertes y el estado crítico en el que fueron encontrados decenas de perros y gatos.
Aunque el municipio niega oficialmente estas acusaciones incluso asegurando que los animales “están vivos” y disponibles para adopción, los reportes de activistas, fotografías y las propias clausuras estatales contradicen esa versión. La narrativa oficial se limita a señalar “irregularidades operativas”, sin reconocer la raíz del problema.
Una deuda pendiente con los animales
El caso revive el debate sobre el nulo respeto a la vida animal por parte de las autoridades. Pese a la existencia de una Ley de Bienestar Animal, los hechos revelan que su cumplimiento sigue siendo precario.
Los ciudadanos han demostrado que no están dispuestos a callar. Exigen justicia, transparencia y un compromiso real del gobierno con políticas públicas que prioricen la vida y el trato digno hacia perros y gatos en situación de abandono.
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