En una manifestación pacífica pero contundente, integrantes del colectivo Vox Animal recorrieron este fin de semana las calles de la capital mexiquense, exigiendo al Gobierno estatal la creación de una Fiscalía especializada en delitos contra animales, una promesa que, aseguran, la gobernadora Delfina Gómez aún no ha cumplido.
La marcha partió del icónico monumento al Águila de Colón y concluyó frente al Palacio de Gobierno. Ahí, los activistas alzaron la voz en nombre de miles de animales víctimas de crueldad, abandono y tráfico ilegal.
Durante la protesta, Fabiola Ibarra, vocera de Vox Animal, señaló que la actual Subprocuraduría de Protección al Medio Ambiente (Propaem) ha demostrado una clara incapacidad para atender adecuadamente los casos de maltrato animal en el estado.
“De más de 5 mil denuncias interpuestas en lo que va de la administración, solo mil han sido atendidas, y apenas cien animales han sido rescatados. Esto habla de un sistema que no funciona”, afirmó Ibarra.
Uno de los principales problemas, apuntó, es que Propaem carece de atribuciones penales, por lo que sus acciones se limitan a emitir oficios sin consecuencias legales para los agresores. “Las advertencias no salvan vidas si no hay sanciones reales”, expresó la activista.
Los manifestantes también criticaron la falta de inspectores, la escasa vigilancia los fines de semana y la deficiencia del sistema de denuncias en línea como signos de una profunda crisis en la defensa de los derechos animales.
Además, alertaron sobre la venta ilegal de especies en mercados populares de municipios como Cuautitlán y Tenancingo, donde la presencia de autoridades ambientales es prácticamente nula.
La principal exigencia de Vox Animal es que se suprima la Subprocuraduría actual y que la gobernadora emita un decreto para crear una Fiscalía autónoma, con agentes capacitados y autoridad legal para castigar penalmente el maltrato animal.
“Queremos dejar atrás las simulaciones. No pedimos más burocracia, exigimos protección real para los animales del Estado de México”, concluyó Ibarra.
En conclusión, el clamor de los activistas resuena en un país donde el maltrato animal aún es una realidad cotidiana, y donde muchas veces la ley carece de dientes para actuar. La petición hecha en Toluca no solo es un llamado al Gobierno estatal, sino un grito colectivo para poner fin a la impunidad en casos de crueldad hacia los seres sin voz.