Información reciente sugiere una preocupante situación en el Desarrollo Nueva Altata, donde el reconocido arquitecto y empresario Jacobo Sevilla Suárez se encuentra en el centro de una controversia que podría costarle caro.
Jacobo Sevilla Suárez, quien desempeña un papel crucial como presidente del consejo y socio en el Desarrollo Nueva Altata, se ve presuntamente involucrado en acciones que podrían desembocar en el despojo de un accionista fundador, sin ofrecer la correspondiente compensación. Este acto, de ser confirmado, marcaría un precedente alarmante, atentando contra los derechos constitucionales y socavando los principios de justicia que rigen las corporaciones en México.
La controversia se centra en la modificación de los estatutos de la empresa, llevada a cabo el 7 de septiembre de 2023, que aparentemente facilitaría este tipo de acciones unilaterales. La ley y la justicia, pilares de las operaciones comerciales, dictan que la salida de un socio de una empresa debe ser manejada a través de un proceso transparente que asegure una valoración justa de sus aportes, garantizando así una compensación adecuada, ya sea en términos monetarios o en activos equivalentes.
Contrario a estos principios, la práctica denunciada en el Desarrollo Nueva Altata se inclinaría por una valoración basada en el “valor histórico de aportación”, obviando la necesidad de un avalúo actual que refleje el valor real de la empresa y sus activos en el mercado actual.
Es importante que esta situación no quede en el olvido. La integridad y la equidad deben ser la norma, no la excepción. Por ello, se hace un llamado a las autoridades pertinentes para que intervengan, investiguen y, de ser necesario, tomen medidas para corregir cualquier acto que contravenga las leyes y principios de justicia empresarial.
