En la Quincuagésima Segunda Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Toluca, se aprobó un controvertido incremento en las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que traerá como consecuencia un aumento en el pago del impuesto predial para los ciudadanos de este municipio. A pesar de la oposición de varios miembros del cuerpo edilicio, la mayoría de los integrantes del Cabildo dio su voto favorable a la medida.
Durante la sesión, la primer síndico del Ayuntamiento, Verónica Martínez Vertiz, y el décimo regidor, Mario Cardoso, expresaron su desacuerdo con la decisión, argumentando que representa un severo golpe a la economía de los toluqueños, especialmente cuando el gobierno municipal no ha cumplido con la dotación de servicios públicos básicos como el alumbrado y la reparación de baches.
Ambos funcionarios señalaron que el último aumento en las tablas de valores unitarios se realizó en septiembre de 2022, con el objetivo de aumentar la recaudación de impuestos y mejorar la situación financiera del municipio. Sin embargo, a pesar de este incremento del 10%, los ciudadanos siguen enfrentando problemas graves en el suministro de agua potable y la reparación de calles, lo que ha generado malestar entre la población.
El nuevo incremento aprobado para el ejercicio fiscal 2024 oscila entre el 4.6% y el 6%, dependiendo de cada caso, lo que se traducirá en un aumento directo en el pago del impuesto predial. Según declaraciones de varios ciudadanos, este incremento es una carga económica más para las familias, quienes consideran que el municipio no ha cumplido con su parte en la provisión de servicios esenciales.
El décimo regidor, Mario Cardoso, lamentó que la propuesta de mantener el incremento aprobado en 2022 no haya sido aceptada, y criticó la decisión de la mayoría del Cabildo por no tomar en cuenta las difíciles condiciones económicas que enfrentan los habitantes de Toluca. Asimismo, sugirió que una solución viable sería ampliar el padrón catastral, ya que actualmente solo poco más del 50% de los ciudadanos cumplen con el pago de impuestos.
Martínez Vertiz destacó que en 2023 no se aplicó ningún incremento al impuesto predial, pero, a pesar de ello, los servicios públicos no mejoraron. La funcionaria subrayó que los ciudadanos no han visto mejoras tangibles, lo que ha generado desconfianza hacia el gobierno local. En este sentido, criticó que el nuevo aumento solo refuerza la percepción de que las autoridades municipales no están respondiendo a las necesidades básicas de la población.
Por su parte, el regidor Cardoso alertó que la falta de resultados visibles está generando un clima de descontento que podría llevar a que más ciudadanos se nieguen a pagar sus impuestos. Consideró que el incremento es “una grosería” para la economía local, ya que el aumento no corresponde con las mejoras en infraestructura o servicios que se esperaban tras los incrementos anteriores.
Además del tema del impuesto predial, el Cabildo también aprobó otros asuntos importantes durante la sesión extraordinaria. Entre ellos, la designación de Diana Velázquez Sánchez, una experta en perspectiva de género con una destacada trayectoria, como nueva vocal del Consejo Directivo Municipal del Instituto Municipal de la Mujer de Toluca. Este nombramiento se dio tras la renuncia irrevocable de la anterior vocal, y busca garantizar la continuidad y eficacia de este importante órgano colegiado.
Otro punto relevante fue la aprobación de la exención del impuesto predial para los ejercicios fiscales de los años 2019 al 2024, así como las multas y recargos generados en los inmuebles de las estaciones de Zinacantepec y Toluca Centro del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”. Esta medida beneficia a la Subsecretaría de Infraestructura de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con el fin de apoyar el desarrollo del proyecto ferroviario.
En conclusión, la aprobación del incremento a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción en Toluca ha generado un debate acalorado entre los integrantes del Cabildo y la población. Aunque la medida busca mejorar las finanzas municipales, la falta de servicios públicos adecuados ha hecho que muchos ciudadanos cuestionen la decisión y el destino de los recursos recaudados. Ante la creciente inconformidad, las autoridades municipales deberán enfrentar el desafío de responder a las demandas de la población y justificar los aumentos aprobados.
