En un avance histórico hacia el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que modifica el artículo segundo de la Constitución. Este logro legal, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, marca un cambio en la protección de los derechos de más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas en México, dentro de una población total de 126 millones de habitantes.
Con 492 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la reforma constitucional fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados, lo que establece una base legal sólida para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio.
La reforma introduce cambios cruciales para reconocer la composición multiétnica y pluricultural de la nación, garantizando así un marco más inclusivo para las diversas culturas que enriquecen a México.
Uno de los aspectos más significativos de esta reforma es el reconocimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada. Este derecho será ejercido por las comunidades indígenas cuando las autoridades legislen o apliquen medidas que puedan impactar su entorno o modo de vida. Dicho proceso de consulta debe realizarse de buena fe y de manera culturalmente adecuada, con el objetivo de obtener el consentimiento de las comunidades o llegar a un acuerdo con ellas.
Además, la reforma establece que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, en función de sus sistemas normativos propios, siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes mexicanas. Este avance no solo refuerza la autonomía de los pueblos indígenas, sino que también asegura el respeto a sus tradiciones y formas de gobierno.
Otro aspecto clave de la reforma es la garantía de que las personas indígenas tendrán el derecho a ser asistidas por intérpretes, traductores y defensores especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural. Esto busca asegurar que las comunidades indígenas no queden desprotegidas en procesos legales y administrativos, fortaleciendo su acceso a la justicia de manera equitativa y respetuosa de sus particularidades culturales y lingüísticas.
Tras la aprobación de la reforma, Claudia Salas, diputada por el partido opositor Movimiento Ciudadano, subrayó la importancia del reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, especialmente de las mujeres. “Estamos dando un paso fundamental para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y especialmente de las mujeres indígenas, quienes han sido doblemente ignoradas y marginadas por mucho tiempo”, expresó.
Sin embargo, no todos los legisladores se mostraron completamente satisfechos con el dictamen. Asael Hernández Cerón, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la reforma carece de los recursos necesarios para su implementación. “Una ley o política pública sin recursos es simple demagogia. Solicitamos que se contemple este punto fundamental para su correcta y efectiva implementación”, declaró.
Ahora que la Cámara de Diputados ha dado su visto bueno, la reforma pasará al Senado para su debate y posible aprobación. De ser aprobada en la Cámara Alta, la reforma se convertirá en decreto y se establecerá como una norma constitucional, marcando un cambio trascendental en la relación entre el Estado mexicano y sus comunidades indígenas y afromexicanas.
Este avance en los derechos de las comunidades originarias forma parte de un conjunto de 20 iniciativas presentadas por el presidente López Obrador en febrero pasado. Entre ellas, se incluyen la reforma al Poder Judicial, que ya ha sido aprobada, y la próxima discusión de la reforma a la Guardia Nacional, que está prevista para ser debatida este jueves 19 de septiembre en la Cámara de Diputados.
En conclusión, la aprobación de esta reforma constitucional es un paso histórico para el reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas en México. Además de garantizar su autonomía y respeto a sus tradiciones, establece mecanismos de consulta y asistencia jurídica que refuerzan su participación en el marco legislativo y administrativo del país. Aunque aún falta su aprobación en el Senado, este avance subraya el compromiso de México por construir una nación más inclusiva y equitativa para todos sus habitantes.
