En febrero de este año, el gobierno del Estado de México firmó un contrato por 3 mil 251 millones de pesos para rentar 2 mil 385 vehículos a cinco empresas privadas. Esta operación, legal pero polémica, ha encendido la discusión sobre el uso y destino de los recursos públicos.
Para dimensionar el gasto, basta compararlo con otras necesidades sociales. Con esa misma cantidad de dinero, podrían haberse construido tres hospitales de segundo nivel o entregado pensiones a más de 90 mil adultos mayores durante un año.
Estas cifras muestran el contraste entre las prioridades gubernamentales y las demandas sociales más urgentes en el Estado de México, donde amplios sectores carecen de servicios médicos adecuados y apoyo económico.
El arrendamiento de vehículos no es nuevo. Durante la administración de Alfredo del Mazo, se destinaron más de 2 mil millones de pesos a la renta y compra de vehículos de lujo, muchos de ellos utilizados por altos funcionarios públicos.
Aunque este tipo de contratos están dentro del marco legal, la falta de transparencia y la opacidad en los procesos licitatorios ha sido una constante que genera sospechas sobre favoritismos y beneficios para empresas con vínculos políticos.
El periodista de investigación Carlos Pérez, autor del reportaje “Todo en Contra”, advierte que muchos contratos de arrendamiento gubernamental, aunque legales, están diseñados para favorecer a compañías con conexiones en el ámbito político.
Según Pérez, el actual gobierno, alineado con la llamada Cuarta Transformación, continúa replicando este modelo, sin rendición de cuentas clara. En algunas dependencias estatales, se han documentado autos arrendados que hoy acumulan polvo en estacionamientos, tras la finalización de contratos sin seguimiento ni reclamos oficiales.
La ciudadanía exige mayor transparencia en los contratos y un enfoque de austeridad coherente con las promesas de campaña. El arrendamiento de vehículos puede tener fines operativos legítimos, pero la falta de supervisión y la magnitud de los montos asignados despiertan dudas legítimas.
En conclusión, en un contexto de escasez de recursos en salud, educación y pensiones, resulta necesario que las autoridades del Estado de México expliquen públicamente las razones y beneficios concretos de este gasto millonario.
¡Únete a nuestro grupo de WhatsApp y recibe GRATIS las noticias más importantes directo en tu celular!
