La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló graves fallas en el manejo de más de 17 mil 457 millones de pesos destinados al sistema de salud del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2024. Las observaciones, contenidas en el informe más reciente de la auditoría federal, apuntan a deficiencias estructurales en la gestión, uso y control de los recursos públicos asignados a la atención médica.
La ASF emitió dos recomendaciones de carácter grave al gobierno mexiquense por irregularidades relacionadas con el Gasto Federalizado en Materia de Salud. Entre las observaciones más preocupantes destaca la falta de transferencia de recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) y la imposibilidad de acreditar más de 1,500 millones de pesos en medicamentos e insumos médicos.
La Primera Recomendación (0842-01-001) exige establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento de las transferencias al FONSABI, tal como lo establece el convenio con IMSS-BIENESTAR. La omisión representa un riesgo directo para los servicios de atención médica gratuita dirigidos a la población sin seguridad social.
En la Segunda Recomendación (0842-01-002), la ASF solicita aclarar la conciliación de 3 mil 333.6 millones de pesos en medicamentos y materiales médicos. Sin embargo, solo se pudieron justificar 1 mil 747.9 millones, dejando una brecha de 1 mil 585.7 millones de pesos sin registro comprobable.
La falta de transparencia abre la posibilidad de desvíos o fallas graves de gestión, con efectos directos en el abasto de hospitales y farmacias públicas.
El informe detalla que los Órganos Internos de Control han iniciado al menos 10 expedientes de investigación contra servidores públicos estatales. Estas acciones derivan de irregularidades detectadas en el manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y otros recursos federales.
Uno de los hallazgos más relevantes fue el desvío de 6.27 millones de pesos del FASSA a una cuenta de “recursos propios”, lo que viola la normativa federal. Tras la intervención de la ASF, el monto fue reintegrado junto con 329 mil pesos en rendimientos financieros.
El órgano fiscalizador también encontró adjudicaciones directas injustificadas por 667.9 millones de pesos en servicios de diálisis, vales de despensa y equipamiento médico. En varios contratos no existían dictámenes que justificaran la excepción a licitación, ni garantías de calidad, lo que expuso al erario a posibles incumplimientos.
Además, se detectaron pagos improcedentes por 4.42 millones de pesos a personal sin perfil académico o en puestos no autorizados. Aunque 3.9 millones fueron reintegrados, la ASF señaló la necesidad de reforzar los controles administrativos.
Otro punto preocupante fue la falta de seguridad social para el personal médico eventual, una práctica que vulnera derechos laborales básicos.
A ello se suma que los reportes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no coincidían con los registros contables reales, afectando la transparencia de la rendición de cuentas.
Pese a que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) obtuvo una calificación de 81.5/100 en control interno, la ASF documentó deficiencias graves: inexistencia de un sistema de denuncias éticas, ausencia de auditorías internas y falta de metas operativas durante todo 2024.
En conclusión, la ASF advirtió que las irregularidades detectadas ponen en riesgo la federalización de los servicios de salud, un proceso clave para garantizar la atención equitativa en todo el país.
El incumplimiento de transferencias y la falta de comprobación de recursos podrían traducirse en menor cobertura médica, desabasto de medicamentos y afectaciones directas a las comunidades más vulnerables del Estado de México.
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