La directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Toluca, Ariana Lizbeth Vázquez, informó que en lo que va del año se han registrado 412 despidos en la administración municipal, de los cuales, al menos 22 fueron terminaciones y rescisiones laborales ocurridas durante el último mes. Esta cifra refleja la magnitud de los conflictos laborales que enfrenta el ayuntamiento, situación que ha sido motivo de preocupación entre empleados y funcionarios.
El Ayuntamiento de Toluca enfrenta una deuda de 430 millones 005 mil 302 pesos derivada de demandas laborales acumuladas a lo largo de los años. Vázquez explicó que solo se ha logrado dar seguimiento y atención al 20% de las obligaciones laborales heredadas, lo que ha incrementado considerablemente el pasivo del municipio. Esta información fue presentada por la funcionaria durante la Comisión de Asuntos y Conflictos Laborales, donde destacó la necesidad de resolver los problemas pendientes para evitar un mayor impacto económico en las finanzas públicas.
Al inicio de la administración, el Ayuntamiento decidió contratar un despacho externo por 1 millón 750 mil pesos para atender los asuntos laborales, a pesar de contar con un área interna destinada a la gestión de estos temas. Esta decisión ha sido cuestionada debido a los altos costos y la falta de resultados efectivos para resolver las controversias laborales.
Durante el primer año de la administración actual, se realizaron 1,352 bajas por diversos motivos, mientras que se contrataron 1,952 empleados nuevos, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Administración y Servicio Público. Sin embargo, a pesar del incremento en contrataciones, las demandas laborales continúan acumulándose, lo que ha generado críticas hacia las políticas de gestión de recursos humanos del municipio.
Las prácticas administrativas del Ayuntamiento han provocado un aumento significativo en la deuda por laudos, indemnizaciones y juicios en proceso. En 2022, el pasivo era de 383 mil pesos, pero a tan solo dos meses de concluir la administración actual, la cifra ha escalado a 430 millones de pesos. Esta situación ha generado preocupación entre los empleados afectados, quienes temen que la deuda continúe incrementándose sin una solución clara a la vista.
Los despidos en el Ayuntamiento de Toluca han sido denunciados pública y reiteradamente por extrabajadores, quienes acusan que sus derechos laborales no han sido respetados. Muchos de ellos aseguran que no han recibido el pago de sus prestaciones, y han optado por emprender acciones legales para hacer valer sus derechos. Sin embargo, los avances en los procesos legales han sido lentos y en algunos casos inexistentes.
Otra práctica denunciada por los extrabajadores es la estrategia del municipio de despedir y luego recontratar a los empleados, una acción que les hace perder beneficios asociados a la antigüedad. “No fue mi caso, pero a algunos les dijeron que si no firmaban la renuncia perderían su plaza, que debían aceptar un nuevo contrato con menor salario o con pago incompleto de las prestaciones adeudadas”, compartió el exempleado. Estas tácticas han sido calificadas como abusivas y han generado un clima de incertidumbre y malestar entre los trabajadores municipales.
La situación laboral en el Ayuntamiento de Toluca sigue siendo preocupante, ya que las deudas por laudos e indemnizaciones no parecen disminuir, y las denuncias por violaciones a derechos laborales continúan sumándose. Aunque la administración ha intentado tomar medidas para atender el problema, como la contratación de un despacho externo, los resultados no han sido los esperados. La falta de respuesta efectiva ha generado críticas hacia la gestión del municipio y deja muchas preguntas sobre el futuro de los empleados y extrabajadores que buscan justicia.
En conclusión, la gestión laboral en el Ayuntamiento de Toluca enfrenta una crisis evidente que ha resultado en la acumulación de una deuda millonaria y el descontento generalizado entre sus empleados. A pesar de las medidas tomadas para resolver los conflictos, la falta de resultados efectivos muestra la necesidad de un cambio en la estrategia administrativa para garantizar el respeto a los derechos laborales y la estabilidad financiera del municipio.
El caso sigue abierto, y será crucial ver cómo las autoridades municipales responden a las demandas y preocupaciones de los trabajadores afectados en los próximos meses.
