El debate en torno al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas vuelve a encender la discusión pública y empresarial. En el Paquete Económico 2026 se contempla que el gravamen pase de 1.64 a 3.08 pesos por litro, lo que ha generado reacciones encontradas entre empresarios, comerciantes y especialistas en salud.
Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) del Valle de Toluca, advirtió que elevar el impuesto no es la vía más eficaz para reducir el consumo de refrescos. Señaló que la estrategia debería enfocarse en campañas educativas y de concientización sobre los riesgos de salud relacionados con la obesidad, la diabetes y el sobrepeso.
“Si lo que busca el Estado es atender el tema de salud, no debería ser un tema impositivo sino educativo, para concienciar a la población, más que gravar a las empresas”, recalcó.
El dirigente empresarial advirtió que la medida golpeará más a las familias de bajos ingresos, quienes destinan una mayor parte de su presupuesto a la compra de refrescos y bebidas saborizadas. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), los hogares pobres destinan hasta tres veces más de su ingreso en este rubro en comparación con familias con mayores recursos.
La Canaco-Servytur señaló que los impuestos regresivos generan desigualdad, pues el impacto se concentra en los sectores más vulnerables.
México es uno de los países con mayor consumo de refrescos en el mundo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada mexicano consume en promedio 166 litros de refresco al año.
Entre 2018 y 2024, la venta de refrescos de cola creció más del 6%, pasando de 13,649 millones de litros a casi 14,500 millones. Los refrescos de sabor, por su parte, se han mantenido en un promedio de 4.8 millones de litros anuales.
Estos datos reflejan que, pese a incrementos previos en el IEPS, el consumo se ha mantenido estable, lo que para los empresarios es evidencia de que el impuesto no cumple con el objetivo de desalentar la compra.
Actualmente, una botella de 600 ml cuesta 23 pesos en tiendas de barrio y hasta 26 pesos en tiendas de conveniencia, lo que obliga a las familias a ajustar su presupuesto.
Los empresarios proponen incentivos fiscales, programas educativos y políticas públicas más equilibradas que promuevan hábitos de vida saludables sin afectar directamente la economía de las familias.
En conclusión, Reyes comparó el caso con el incremento en el precio de los cigarros: aunque al principio se observa una ligera disminución en las ventas, el consumo se estabiliza con el tiempo. Por ello, insistió en que la clave está en la educación alimentaria y no en los impuestos.
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