Integrantes de centros de rehabilitación provenientes de distintas regiones del país se manifestaron este fin de semana en la Plaza de los Mártires para exigir a las autoridades estatales el cese de operativos que han derivado en la clausura de múltiples espacios dedicados a la atención de personas con adicciones.
La movilización surge luego de recientes acciones oficiales que resultaron en el cierre de más de medio centenar de establecimientos en municipios del Estado de México, así como la detención de varias personas presuntamente vinculadas a irregularidades detectadas durante inspecciones.
Marcha en el centro de Toluca visibiliza inconformidad
Vestidos de blanco y portando consignas, los manifestantes recorrieron calles del primer cuadro de la capital mexiquense encabezados por agrupaciones de apoyo espiritual y comunitario. Durante la protesta, señalaron que los operativos han generado una percepción generalizada que, aseguran, no distingue entre centros que cumplen con la normativa y aquellos que operan fuera de regulación.
Los asistentes destacaron que su objetivo es visibilizar la labor que realizan en el tratamiento de adicciones, un problema que continúa en aumento en distintas regiones del país. Asimismo, rechazaron lo que consideran una criminalización de estos espacios, muchos de los cuales, afirman, cuentan con estructura formal y personal capacitado.
Denuncian inconsistencias en operativos
Representantes de organizaciones dedicadas a la rehabilitación indicaron que, si bien han iniciado canales de diálogo con autoridades estatales, persisten inconformidades respecto a la manera en que se ejecutaron las inspecciones.
Entre los señalamientos destacan presuntas irregularidades en los procedimientos, como la clausura de espacios sin personas internadas o la intervención en centros que operaban únicamente como grupos de apoyo. También cuestionaron el traslado masivo de personas en tratamiento, lo que, aseguran, genera incertidumbre sobre los criterios aplicados.
De acuerdo con cifras oficiales, tras los operativos decenas de personas fueron reintegradas a sus familias y cientos más reubicadas en otros centros, una medida que ha sido objeto de debate entre los involucrados.
Piden diferenciar entre centros regulados y clandestinos
Los líderes del movimiento subrayaron que no se oponen a la supervisión ni a los procesos de regulación, pero insistieron en la necesidad de distinguir entre centros que cumplen con requisitos legales —como documentación, responsables sanitarios y atención profesional— y aquellos que operan de manera irregular.
A su juicio, algunas acciones debieron resolverse por la vía administrativa en lugar de derivar en procesos penales, lo que ha generado preocupación entre quienes trabajan en este sector.
Llamado a diálogo con autoridades estatales
En el marco de la protesta, los manifestantes anunciaron su intención de sostener una reunión con el gobierno estatal para exponer su postura y buscar acuerdos que permitan establecer lineamientos claros para la operación de estos espacios.
Advirtieron que, de no lograrse avances, podrían mantener movilizaciones en la capital mexiquense e incluso intensificar sus acciones como medida de presión.
Riesgo de impacto nacional
Los inconformes alertaron que las medidas implementadas en el Estado de México podrían replicarse en otras entidades, lo que, consideran, afectaría la atención de personas con problemas de adicción a nivel nacional.
Por ello, hicieron un llamado a construir mecanismos de coordinación entre autoridades y centros de rehabilitación que garanticen tanto la legalidad de los espacios como la continuidad de los tratamientos, evitando estigmatización y priorizando el bienestar de los pacientes.
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