PAN cuestiona reforma de Clara Brugada: robos de hasta 5 mil 865 pesos podrían pasar a juzgados cívicos
El diputado Diego Garrido advirtió que la iniciativa para modificar la Ley de Cultura Cívica de la CDMX podría dejar desprotegidos a pequeños comerciantes y víctimas de robo; el debate se centra en las garantías para evitar la reincidencia y asegurar la reparación del daño.
Ciudad de México.— La propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió un nuevo debate sobre la manera en que deben atenderse los robos de menor cuantía. El diputado local del PAN, Diego Garrido, cuestionó que determinados casos puedan resolverse mediante procedimientos cívicos y no necesariamente ante el Ministerio Público.
El legislador puso el foco en el artículo 29 Quáter de la iniciativa, que contempla clasificar como infracciones contra la propiedad ciertos robos y daños cuyo valor no supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 5 mil 865 pesos en 2026.
Garrido advirtió que establecer una ruta de atención distinta para estos hechos podría debilitar la protección de quienes pierden dinero, mercancía u objetos de valor, especialmente cuando se trata de familias y negocios que dependen de ingresos diarios.
Reforma de Clara Brugada abre debate por robos de hasta 5 mil 865 pesos
La iniciativa del Gobierno capitalino plantea que determinados casos de robo de bajo valor puedan atenderse en juzgados cívicos bajo condiciones específicas, entre ellas que no exista violencia ni reincidencia. El modelo contempla mecanismos de reparación del daño y medidas como arresto o trabajo comunitario.
Sin embargo, Diego Garrido cuestionó si las autoridades tendrán herramientas suficientes para comprobar que una persona señalada por robo no ha cometido anteriormente una conducta similar.
También expresó preocupación por la posibilidad de que las víctimas enfrenten presiones para aceptar acuerdos y por la falta de garantías sobre el cumplimiento de la devolución de los bienes o el pago correspondiente.
El diputado resumió su postura al señalar que la reforma podría favorecer a quienes cometen estos actos si no existen mecanismos efectivos para proteger a las personas afectadas.
Por su parte, el Gobierno de Clara Brugada ha defendido que la propuesta no elimina la vía penal: las personas agraviadas conservarían la posibilidad de acudir al Ministerio Público, mientras que la alternativa cívica buscaría agilizar la reparación del daño en los casos que cumplan los requisitos establecidos.
Robo hormiga: el impacto que enfrentan pequeños comercios y familias
Uno de los puntos señalados por Garrido es el llamado robo hormiga, una práctica que puede afectar a tiendas de barrio, minisúper, pequeños empresarios y trabajadores. Aunque el valor de cada objeto sustraído pueda parecer reducido, la acumulación de pérdidas representa un impacto para negocios que operan con márgenes limitados.
El problema no se reduce al costo de la mercancía. Para una familia, perder una cantidad cercana a seis mil pesos puede significar comprometer el pago de servicios, la renta o la compra de alimentos. En un pequeño establecimiento, la sustracción de productos también puede afectar el inventario y los ingresos necesarios para continuar operando.
El legislador panista añadió que ser víctima de un robo puede generar miedo y angustia, independientemente del valor económico de lo sustraído. Por ello, insistió en que la atención institucional debe considerar tanto la recuperación de los bienes como la protección de las personas afectadas.
Las dudas que deberá resolver el Congreso de la CDMX
Más allá de la confrontación entre Morena y el PAN, la discusión legislativa tendrá que aclarar cómo se comprobará la reincidencia, qué medidas impedirán que una víctima sea presionada para aceptar un arreglo y qué ocurrirá cuando la persona señalada incumpla la reparación del daño.
También será necesario explicar cómo se garantizará que la vía cívica sea una alternativa efectiva y no un mecanismo que termine trasladando a las víctimas la carga de negociar la recuperación de sus pertenencias.
La iniciativa busca ampliar los mecanismos de justicia restaurativa y atender conflictos de baja gravedad sin recurrir automáticamente a procesos penales. No obstante, su aplicación dependerá de que existan reglas claras, supervisión y garantías para todas las partes.
Notidex: la reparación del daño no debe convertirse en impunidad
La discusión sobre los robos de menor cuantía no debería reducirse a una disputa entre partidos. Lo que está en juego es la confianza de quienes trabajan, sostienen un negocio o dependen de sus ingresos para cubrir las necesidades de su familia.
Una reforma que pretende agilizar la justicia debe demostrar que también puede proteger a las víctimas. No basta con plantear acuerdos de reparación si no se explica cómo se comprobará la reincidencia, cómo se evitarán las presiones y qué consecuencias habrá cuando alguien incumpla lo acordado.
El monto de lo robado puede servir para establecer procedimientos diferenciados, pero no debería utilizarse para minimizar el impacto que un delito tiene sobre las personas. La autoridad capitalina y el Congreso tienen la responsabilidad de despejar las dudas antes de aprobar cambios que modificarán la atención de estos casos.
¿Consideras que los robos de hasta 5 mil 865 pesos deberían resolverse mediante justicia cívica o crees que esta alternativa podría dejar en una situación vulnerable a las víctimas y pequeños comerciantes de la Ciudad de México?
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