El dirigente nacional del PRI enfrenta una solicitud de desafuero relacionada con presuntas irregularidades durante su gobierno en Campeche; el expediente señala un probable daño superior a 83.5 millones de pesos
Ciudad de México.— Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito” Moreno, enfrenta nuevamente un escenario político y judicial complicado. El actual senador y dirigente nacional del PRI podría perder su fuero constitucional para responder ante un juez por una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó en julio de 2025 una solicitud de declaración de procedencia, conocida como desafuero, en contra del priista.
El expediente señala un probable daño al erario por 83 millones 508 mil pesos y contempla acusaciones relacionadas con los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.
Pero, ¿qué significa esto y por qué podría llevar a Moreno a prisión?
¿Qué es el desafuero de Alito Moreno?
El fuero no significa que un servidor público sea inmune ante cualquier investigación. Se trata de una protección procesal que impide que determinados funcionarios sean sometidos directamente a un proceso penal mientras ocupan el cargo, salvo que previamente se retire esa inmunidad.
En el caso de Moreno, la Fiscalía de Campeche busca que la Cámara de Diputados determine si existen condiciones para retirarle esa protección.
Si la declaración de procedencia avanza, el senador podría quedar sujeto a la jurisdicción de las autoridades judiciales para enfrentar formalmente las acusaciones.
Importante: perder el fuero no significa que Moreno sea declarado culpable ni que automáticamente ingrese a prisión. Primero tendría que desarrollarse el proceso penal correspondiente y determinarse su responsabilidad.
¿De qué acusan a Alejandro Moreno?
La solicitud de desafuero está relacionada con cuatro investigaciones que, en conjunto, señalan un posible daño de aproximadamente 83.5 millones de pesos.
Los expedientes se concentran en operaciones realizadas durante el periodo en que Moreno gobernó Campeche.
1. Presunto desvío de 27.2 millones de pesos en Seguridad Pública
Uno de los casos está relacionado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
De acuerdo con la investigación, se habrían realizado pagos por alrededor de 27.2 millones de pesos mediante personas que presuntamente habrían funcionado como prestanombres.
La Fiscalía sostiene que los servicios facturados no se habrían realizado conforme a lo reportado.
2. Los 23.8 millones de pesos vinculados con Apicam
Otra carpeta corresponde a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam).
La investigación señala que una empresa cuyo objeto original estaba relacionado con actividades de buceo y recorridos turísticos habría terminado proporcionando servicios de carácter jurídico y fiscal.
El monto observado en este expediente ronda los 23.8 millones de pesos.
3. Irregularidades relacionadas con Plaza Colosio
El tercer expediente está relacionado con la construcción del mercado de artesanías Plaza Colosio.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades relacionadas con el terreno y la ejecución de la obra.
En este caso, el monto señalado en la investigación asciende aproximadamente a 18.3 millones de pesos.
4. Pagos de Comunicación Social
El cuarto expediente corresponde a recursos relacionados con Comunicación Social y pagos efectuados a una empresa televisiva.
La cantidad investigada en este apartado ronda los 14.2 millones de pesos.
En conjunto, los cuatro expedientes conforman el monto de 83 millones 508 mil pesos señalado por la Fiscalía.
¿Qué es el delito de peculado?
Uno de los delitos que la Fiscalía pretende atribuir a Moreno es el peculado.
De manera general, este delito está relacionado con el uso, desvío o disposición indebida de recursos públicos por parte de servidores públicos.
En este caso, la Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar si recursos públicos fueron utilizados de manera irregular durante el gobierno de Moreno en Campeche.
Sin embargo, será un juez quien determine si las pruebas presentadas son suficientes para establecer responsabilidades penales.
¿Cuántas personas están involucradas?
La investigación no se limita al actual dirigente priista.
De acuerdo con el expediente referido, 17 personas ya fueron sometidas a proceso por hechos relacionados con estas investigaciones, mientras que otras dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.
Esto forma parte de los elementos que la autoridad investigadora ha utilizado para sustentar su solicitud ante la Cámara de Diputados.
¿Alito Moreno ya está condenado?
No.
Este punto es fundamental para entender el caso.
La existencia de una solicitud de desafuero y de carpetas de investigación no equivale a una sentencia condenatoria.
Moreno mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será necesario que las autoridades judiciales determinen, mediante el proceso correspondiente, si existen pruebas suficientes para acreditar los delitos que se le atribuyen.
El desafuero, en caso de aprobarse, únicamente eliminaría la protección procesal que actualmente tiene por su cargo.
¿Entonces Alito Moreno podría terminar en prisión?
Podría enfrentar un proceso penal, pero la prisión no es automática.
Para que Moreno pudiera terminar privado de la libertad tendrían que ocurrir varias etapas: primero, que avance la declaración de procedencia; posteriormente, que la Fiscalía ejerza las acciones legales correspondientes y que un juez determine si existen elementos para iniciar un proceso.
Después tendría que resolverse su situación jurídica y, eventualmente, acreditarse su responsabilidad penal mediante una sentencia.
Por ello, decir que “Alito irá a prisión” sería adelantarse a una decisión que corresponde a las autoridades judiciales.
La pregunta central no es únicamente si perderá el fuero, sino qué determinarán los tribunales sobre las acusaciones y las pruebas relacionadas con los 83.5 millones de pesos investigados.
¿Qué sigue para Alito Moreno?
La solicitud de declaración de procedencia permanece en la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente.
La resolución podría definir si Moreno conserva su inmunidad procesal o queda en condiciones de enfrentar las acusaciones ante un juez.
Mientras tanto, el caso mantiene una fuerte dimensión política debido a que Moreno es uno de los principales dirigentes de la oposición y ha protagonizado una confrontación constante con el gobierno federal.
¿El desafuero de Alito Moreno terminará convirtiéndose en un proceso penal o la Cámara de Diputados frenará nuevamente el procedimiento?
La respuesta dependerá de las decisiones que tomen tanto el Poder Legislativo como las autoridades judiciales.
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