En un esfuerzo por mejorar la respuesta institucional ante el delito y reforzar la protección de las víctimas, el Congreso del Estado de México aprobó durante el primer trimestre de 2026 un paquete integral de reformas en materia de seguridad pública, procuración de justicia y violencia de género.
Estas modificaciones buscan reducir los tiempos de reacción en investigaciones, combatir prácticas delictivas como la extorsión y modernizar el sistema judicial, en un contexto marcado por la necesidad de mayor eficacia en las instituciones.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del marco legal que permitirá a las corporaciones policiales estatales y municipales involucrarse directamente en la investigación de delitos.
Aunque esta participación se realizará bajo la conducción del Ministerio Público, la medida pretende agilizar la integración de carpetas de investigación y mejorar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos.
Especialistas señalan que esta coordinación puede traducirse en procesos más rápidos y en una mayor presencia operativa en campo.
Como parte del paquete legislativo, se aprobó una nueva ley enfocada en prevenir, atender y sancionar la extorsión, con énfasis en el llamado “cobro de piso”.
Uno de los puntos clave es que este delito será perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, una medida diseñada para proteger a quienes temen represalias.
Además, se establecieron nuevas obligaciones para los centros penitenciarios, los cuales deberán implementar tecnología que impida la comunicación ilícita desde su interior, bloqueando señales de telefonía celular y transmisión de datos.
En materia de violencia de género, las reformas contemplan la creación del Juzgado LIBRE, una instancia especializada en la emisión de órdenes de protección inmediatas para víctimas.
También se incorporan nuevas figuras delictivas, entre ellas:
- Violencia vicaria, que sanciona el uso de hijos u otras personas cercanas como medio para dañar a una mujer, con penas de hasta ocho años de prisión.
- Violencia digital, que abarca agresiones realizadas mediante tecnologías de la información.
Estas medidas buscan responder de manera más eficaz a las nuevas formas de violencia y garantizar la seguridad de las personas afectadas.
El paquete de reformas también introduce ajustes importantes en el ámbito judicial. Entre ellos destaca la figura de nulidad de juicio concluido, que permitirá invalidar resoluciones obtenidas mediante fraude o el uso de pruebas falsas.
Asimismo, se reconoce la operación de tribunales de alzada integrados por una sola magistratura, con el objetivo de hacer más ágil la impartición de justicia.
De forma paralela, se fortalecieron los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas mediante una mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales, una demanda constante de colectivos y familiares de víctimas.
Las reformas aprobadas representan un intento por actualizar el marco legal frente a los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia en el Estado de México.
En conclusión, si bien su implementación será clave para medir su impacto real, el nuevo paquete normativo apunta a construir instituciones más eficientes, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder con mayor rapidez ante la delincuencia y la violencia.
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