El Congreso del Estado de México dio inicio al análisis de una reforma estructural que busca alinear la administración estatal a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en julio de 2025. Esta normativa federal redefine por completo la forma en que los gobiernos gestionan trámites y servicios, sustituyendo el antiguo enfoque de “mejora regulatoria” por uno basado en digitalización masiva, simplificación administrativa y eliminación de duplicidades.
Durante una sesión conjunta de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Desarrollo Económico, se recordó que el plazo límite para que las entidades adecuen su legislación vence el 12 de enero de 2026.
Las y los legisladores revisaron dos propuestas convergentes: una enviada por la gobernadora Delfina Gómez y otra impulsada por el diputado morenista Armando Navarrete López. Ambas coinciden en modificar la Constitución estatal y diversas leyes secundarias para crear un nuevo marco que obligue a instituciones, ayuntamientos y organismos autónomos a modernizar sus procesos administrativos.
El representante de la Consejería Jurídica, Javier de Jesús Domínguez González, explicó que la nueva legislación nacional deja sin vigencia disposiciones anteriores y obliga a los estados a transformar sus estructuras internas. Entre los cambios más profundos, destacó la necesidad de que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria sea absorbida por la Agencia Digital del Estado de México, para mantener continuidad sin perder capacidades técnicas.
El titular de la Agencia Digital estatal, David Villanueva Lomelí, subrayó que la nueva ley es de carácter nacional, lo que implica una adopción obligatoria para los tres órdenes de gobierno. Entre las herramientas clave que deberán implementarse se encuentran:
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Portal Ciudadano Único
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Llave MX como sistema de identificación digital
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Repositorios nacionales de tecnología pública
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Plataformas interoperables para trámites simplificados
Para el director de la Comisión de Mejora Regulatoria, Palemón Jorge Cruz Martínez, este cambio marca el fin de un modelo vigente por más de 15 años. Sus 39 integrantes serán integrados a la Agencia Digital, lo que permitirá dar continuidad a herramientas como el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y los portales de trámites, ahora bajo nuevas atribuciones.
El diputado proponente, Armando Navarrete, afirmó que la transición hacia la digitalización busca crear una interacción ciudadana más rápida, honesta y transparente. Además, solicitó ajustes en el texto original de la gobernadora para evitar ambigüedades entre “digitalización” y “gobierno digital”, así como incorporar en la Constitución el derecho a recibir servicios públicos simplificados.
Las bancadas representadas en la sesión expresaron un respaldo general a la iniciativa, aunque pusieron sobre la mesa advertencias importantes:
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, apoyó la reforma, pero pidió vigilar los recursos que se asignen a la nueva Agencia Digital, ante el riesgo de sobregastos.
El morenista Octavio Martínez Vargas alertó sobre la tentación de contratar servicios privados que podrían resultar onerosos. Propuso que la Agencia Digital desarrolle sus propias herramientas tecnológicas para garantizar autonomía y reducir costos.
La diputada Carmen de la Rosa destacó que reducir trámites significa menos corrupción y más accesibilidad, mientras que María José Pérez Domínguez recordó que la digitalización carece de sentido si las plataformas no funcionan. Como ejemplo, expuso que el portal para reportar maltrato animal llevaba una semana sin operar.
“Si la página no sirve y el teléfono no responde, dejamos a la gente sin atención”, advirtió, pidiendo que la reforma vaya acompañada de soporte técnico real y sistemas confiables.
Con esta reforma, el Estado de México se prepara para dar un paso definitivo hacia un gobierno digital, accesible y eficiente, donde los trámites sean:
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100% digitales
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Sin duplicidades
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Más simples y rápidos
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Transparentes y trazables
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Operables desde un solo portal
En conclusión, si el Congreso aprueba la reforma en los próximos meses, el Edomex deberá completar la transición antes del 12 de enero de 2026, un plazo que exigirá coordinación, presupuesto y tecnología funcional.
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