En un nuevo episodio de abuso de poder, el Poder Judicial del Estado de México ha vuelto a beneficiarse de una exención fiscal injustificada, afectando directamente los ingresos municipales. Durante la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo de Toluca, se reveló que este órgano solicitó la exención del impuesto predial de un inmueble, evadiendo así sus responsabilidades fiscales.
Una práctica injusta y recurrente
La Primera Síndica de Toluca, Yazmín Nájera, denunció la falta de fundamentos legales que justifiquen esta exención. Durante tres días consecutivos, la funcionaria realizó una inspección en el inmueble en cuestión con el objetivo de verificar si este podía ser considerado un bien de dominio público, única razón por la cual podría exentarse del pago del predial. Sin embargo, no encontró pruebas que sustentaran dicha condición, lo que hace evidente que esta solicitud carece de fundamentos y representa un acto de corrupción.
Un sistema judicial que no rinde cuentas
Yaz Nájera hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre la urgencia de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Este es un ejemplo del por qué es necesario remover jueces y magistrados que siguen cometiendo de manera consecutiva este tipo de actos”, declaró.
La práctica de otorgar exenciones injustificadas no solo erosiona la confianza en el Poder Judicial, sino que también representa un perjuicio económico para el ayuntamiento de Toluca y sus ciudadanos. La falta de transparencia y la persistencia en estas decisiones arbitrarias evidencian la impunidad con la que operan algunos jueces y magistrados.
Un ayuntamiento que no se quedará callado
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, respaldó firmemente la postura de la Primera Síndica y expresó su inconformidad con la situación:
“No nos quedaremos callados, vamos a alzar la voz, se me hace un acto de injusticia para los toluqueños”.
Es inaceptable que, mientras la ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales, el Poder Judicial busque mecanismos para evadir su responsabilidad. La lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser una prioridad, y este caso refuerza la necesidad de una reforma que garantice que el sistema judicial opere con justicia y equidad.
¿Hacia dónde vamos?
Este nuevo caso de favoritismo dentro del Poder Judicial debe ser una llamada de atención para la sociedad y los legisladores. Es momento de exigir rendición de cuentas y que los jueces y magistrados dejen de actuar con impunidad. La reforma judicial no solo es necesaria, sino urgente, para evitar que este tipo de atropellos sigan ocurriendo en detrimento de los ciudadanos y de los recursos municipales.
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