El gobierno de Donald Trump anunció una estrategia para limitar la influencia de la Corte Penal Internacional, al considerar que representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. Conoce los detalles.

Estados Unidos busca frenar el alcance de la Corte Penal Internacional, administración Trump anuncia medidas

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el inicio de una estrategia diplomática y política para reducir la influencia de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusa de representar un riesgo para la soberanía de Estados Unidos y para su personal militar y gubernamental.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que la administración estadounidense considera que el tribunal internacional ha excedido las funciones para las que fue creado y ha adoptado una postura que, según Washington, afecta los intereses nacionales del país.

De acuerdo con las declaraciones oficiales, la Casa Blanca estudia diversas acciones para limitar el margen de operación de la CPI, entre ellas nuevas sanciones, restricciones migratorias y una mayor presión diplomática hacia otros gobiernos.

Washington contempla sanciones y presión internacional contra la CPI

Fuentes del Departamento de Estado indicaron que entre las medidas analizadas se encuentran la imposición de prohibiciones de viaje, la cancelación de visas para funcionarios relacionados con la Corte Penal Internacional, el fortalecimiento de sanciones económicas y una campaña diplomática para persuadir a otros países de reconsiderar su permanencia dentro del organismo.

Las autoridades estadounidenses señalaron que ninguna alternativa ha sido descartada y reiteraron que la prioridad será proteger a ciudadanos, funcionarios y militares estadounidenses de cualquier acción judicial promovida por la Corte.

Hasta el momento, la portavoz de la CPI, Oriane Maillet, evitó emitir una postura oficial sobre el anuncio.

¿Por qué Estados Unidos mantiene diferencias con la Corte Penal Internacional?

La relación entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional ha sido tensa desde la creación del tribunal en 2002. Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI, por lo que no forma parte de sus Estados miembros.

Sin embargo, la Corte sostiene que puede investigar presuntos crímenes internacionales cometidos en el territorio de países que sí pertenecen al organismo, incluso cuando los responsables sean ciudadanos de naciones no integrantes.

Esta interpretación jurídica ha sido rechazada por distintos gobiernos estadounidenses, incluidos los encabezados por George W. Bush y Donald Trump, quienes consideran que la CPI no tiene autoridad para procesar a militares o funcionarios de Estados Unidos.

La Corte Penal Internacional fue establecida para investigar y juzgar delitos considerados de máxima gravedad, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no desean hacerlo.

La confrontación entre Washington y la CPI también se ha intensificado tras las órdenes de arresto emitidas por el tribunal contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, señalados por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza.

Estas órdenes obligan a los países que forman parte de la Corte Penal Internacional a ejecutar la detención de los acusados si ingresan a su territorio, una decisión que ha generado un amplio debate diplomático y político a nivel internacional.

Con el nuevo plan anunciado por la administración Trump, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional podría escalar y reavivar la discusión sobre los límites de la justicia internacional y la soberanía de los Estados.