Metepec, Estado de México. Una exservidora pública que ocupó cargos de relevancia dentro del gobierno municipal de Metepec presentó una querella ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, en la que solicita investigar presuntas irregularidades que involucrarían al alcalde Fernando Flores Fernández y a funcionarios de la administración municipal.
El documento, recibido el 16 de junio por la Fiscalía Anticorrupción con sede en Toluca, corresponde a una ampliación de declaración y/o querella en la que la denunciante señala a integrantes de la estructura del Ayuntamiento y de la Policía Municipal por hechos que, desde su perspectiva, podrían ser constitutivos de delito.
Entre los funcionarios mencionados se encuentran el presidente municipal Fernando Gustavo Flores Fernández; el director de Seguridad Pública, Jesús Alberto Ramírez Manzur; la subdirectora de Administración de Seguridad Pública, Yunuén Villalvazo Urieta; y el oficial mayor del Ayuntamiento, Marco Antonio García López.
La investigación también podría alcanzar a otras personas que eventualmente resulten involucradas, de acuerdo con los elementos que sean recabados por el Ministerio Público.
Exfuncionaria acusa presunto abuso de autoridad y acoso sexual.
De acuerdo con el contenido de la querella, la denunciante sostiene haber sido víctima de presunto abuso de autoridad y actos de exposición pública durante una reunión de gabinete.
Asimismo, refiere un supuesto episodio de acoso sexual que atribuye a otro funcionario relacionado con la Policía Municipal y cuestiona la actuación de autoridades de la administración ante conductas que, según su declaración, podrían constituir prácticas de carácter misógino.
Estos señalamientos forman parte de una denuncia que deberá ser analizada y corroborada por las autoridades competentes.
Es importante precisar que la presentación de una querella no significa que las conductas denunciadas hayan sido acreditadas. Hasta ahora no existe una resolución judicial que determine responsabilidad penal contra los funcionarios señalados.
La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de valorar la información aportada, recabar pruebas y determinar si existen elementos suficientes para continuar con la investigación.
La denunciante formó parte del círculo cercano del gobierno municipal
Uno de los elementos que da relevancia al caso es el perfil de la persona que presentó la querella.
Según la información proporcionada, la exfuncionaria trabajó durante más de cinco años dentro de la estructura de seguridad pública y mantuvo una relación laboral cercana con el alcalde Fernando Flores y con Jesús Alberto Ramírez Manzur.
Su paso por cargos estratégicos le habría permitido conocer de primera mano procesos administrativos, políticos y operativos del Ayuntamiento.
Por ello, sus acusaciones representan un nuevo desafío para el gobierno municipal de Metepec, particularmente en materia de seguridad y funcionamiento interno de la administración.
Jesús Ramírez Manzur, una figura de larga trayectoria en la seguridad de Metepec
Entre los funcionarios señalados se encuentra Jesús Alberto Ramírez Manzur, quien actualmente ocupa la Dirección de Seguridad Pública de Metepec y ha tenido una presencia prolongada dentro de las estructuras de seguridad municipal.
Su trayectoria incluye experiencia en corporaciones de seguridad y distintos periodos dentro de la administración pública de Metepec, lo que le ha permitido mantenerse como una figura conocida dentro del aparato de seguridad local pese a los cambios políticos registrados en el municipio.
La querella presentada por la exfuncionaria coloca nuevamente bajo escrutinio a esta estructura, aunque cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
El caso se suma a los cuestionamientos sobre la seguridad municipal
La denuncia ocurre en un contexto en el que la actuación de las corporaciones de seguridad de Metepec ha sido objeto de atención pública en distintos momentos.
Uno de los antecedentes mencionados en la información relacionada con la estructura policial es el caso de Alejandro Sánchez Santamaría, alias “El Negro”, quien ocupó un cargo dentro de la Policía Municipal durante la administración 2016-2018 y posteriormente fue detenido.
En 2025 recibió una sentencia de 50 años de prisión por secuestro agravado, de acuerdo con los antecedentes referidos en la información base de esta denuncia.
Sin embargo, es importante distinguir ese caso de la actual querella: no implica por sí mismo responsabilidad de los funcionarios actualmente señalados, ni constituye una prueba de las acusaciones formuladas por la exservidora pública.
Fiscalía Anticorrupción deberá determinar el alcance de la denuncia
La querella abre un nuevo frente legal para la administración de Fernando Flores y plantea la necesidad de que las autoridades investiguen con objetividad los hechos expuestos.
El siguiente paso corresponderá a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que deberá determinar si existen elementos para continuar con la integración de la carpeta de investigación y, en su caso, establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.
Mientras tanto, los funcionarios mencionados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y a defenderse de los señalamientos realizados en su contra.
La evolución de este expediente será relevante para conocer si las acusaciones logran sustentarse con pruebas suficientes o si finalmente son descartadas por la autoridad ministerial.
Exfuncionaria adelantó detalles de su denuncia
La denunciante también concedió una entrevista a un medio local, en la que anunció que expondrá públicamente los motivos que la llevaron a presentar la querella, así como los señalamientos que incluyó en el documento entregado ante la Fiscalía Anticorrupción.
El caso podría adquirir mayor relevancia conforme avance la investigación ministerial y se conozcan las posiciones de los funcionarios señalados.
Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción tendrá la última palabra sobre la procedencia y alcance de las acusaciones, mientras que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes y, en su caso, por un juez.
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