A pocos días de concluir su periodo como representante de las 51 comunidades indígenas de Toluca, María Ana González Ermitaño ha alzado la voz para exigir cambios en la legislación municipal que garanticen el pleno reconocimiento y operatividad de la representación indígena en los municipios.
Desde el inicio de su mandato, coincidente con la administración de Raymundo Martínez Carbajal, González Ermitaño denunció que fue relegada en el Cabildo de Toluca. En las sesiones, fue ubicada en un espacio compartido con periodistas, asesores e invitados, sin derecho a voz ni participación en la toma de decisiones clave para los pueblos originarios.
“He sido oprimida, pero jamás reproduciré esa opresión con mis hermanas y hermanos”, declaró la representante, destacando la falta de igualdad en el ejercicio de su cargo.
Ante este panorama, González Ermitaño ha solicitado que el Congreso del Estado de México implemente modificaciones legales para definir con claridad las facultades de los representantes municipales de los pueblos indígenas y garantizar los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Sostuvo que la problemática no es exclusiva de Toluca, sino que afecta a otros municipios donde los representantes indígenas han experimentado obstáculos similares. En el Encuentro de Comunidades Comunitarias, varios de ellos manifestaron haber sido víctimas de discriminación institucional.
“El municipio de Toluca puede ser vanguardia para dignificar a los pueblos originarios y hacer realidad los derechos indígenas”, afirmó González Ermitaño, instando a las autoridades a garantizar una representación equitativa.
La representante también denunció haber sido víctima de violencia verbal, difamación y daño moral durante la consulta previa a la elección de su sucesor. Fue acusada de actos de corrupción y desfalco en San Pablo Autopan, señalamientos que rechazó categóricamente, asegurando que nunca manejó recursos públicos en sus tres años de gestión.
González Ermitaño enfatizó la falta de condiciones para el desempeño de su cargo en comparación con los integrantes del cuerpo edilicio respaldados por partidos políticos. Mientras estos cuentan con recursos materiales, oficinas y personal de apoyo, ella se vio obligada a demandar ante tribunales para hacer valer su derecho a participar en el Cabildo.
A pesar de los obstáculos, la representante aseguró que su lucha deja una lección para futuras generaciones de líderes indígenas y reiteró su compromiso de continuar trabajando por el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios de Toluca.
En conclusión, el llamado de María Ana González Ermitaño pone en evidencia la necesidad urgente de garantizar la representación indígena en las administraciones municipales. Con una legislación más incluyente y equitativa, Toluca podría convertirse en un referente para la protección de los derechos indígenas en México.
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