La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 55 años de prisión contra Augusto Venancio Gutiérrez, tras comprobar su responsabilidad en un doble homicidio ocurrido en abril de 2022.
El fallo, emitido por la Autoridad Judicial, adquirió relevancia social debido a que una de las víctimas era servidor público del Congreso del Estado de México. Además de la condena, se dictaron sanciones económicas y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
El tribunal impuso una multa de 274 mil 227 pesos, junto con la obligación de pagar 210 mil 721 pesos por reparación del daño a cada víctima.
La resolución, de acuerdo con la Fiscalía, representa un precedente en materia de persecución del homicidio en la capital mexiquense.
El crimen ocurrió el 24 de abril de 2022, en un establecimiento del poblado de Jicaltepec, delegación San Pablo Autopan, al norte de Toluca.
Durante una convivencia, surgió un altercado entre las víctimas, Augusto Venancio y seis sujetos más. La agresión derivó en la muerte de dos personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en el lugar.
Un día después, el 25 de abril, autoridades localizaron los cadáveres, lo que dio inicio a una investigación inmediata del Ministerio Público.
Con base en testimonios, peritajes y evidencias recabadas, el Ministerio Público acreditó la participación directa de Augusto Venancio.
El acusado fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del juez.
Las pruebas fueron determinantes para dictar una sentencia condenatoria que incluyó la suspensión de derechos civiles y políticos.
Augusto Venancio ya había sido identificado como presunto líder de una organización criminal activa en la zona norte de Toluca.
De acuerdo con la FGJEM, el grupo estaba relacionado con homicidios, robo de vehículos y narcomenudeo, lo que reforzó su peligrosidad en el proceso judicial.
La condena, según las autoridades, no solo hace justicia a las víctimas, sino que también fortalece la estrategia de combate al crimen organizado en el Estado de México.
El caso fue considerado de alta relevancia pública, al involucrar a un funcionario del Congreso local y al exhibir la operación de un grupo delictivo en la región.
En conclusión, la Fiscalía destacó que esta sentencia es un mensaje contundente contra la impunidad, con el propósito de inhibir la repetición de hechos similares en la entidad.
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