La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal ante la FGR por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a obras de infraestructura. La alcaldesa Michelle Núñez rechaza las observaciones y asegura contar con la documentación para acreditar el uso del dinero.
VALLE DE BRAVO, Estado de México.- El gobierno municipal de Valle de Bravo, encabezado por la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, enfrenta una investigación de carácter penal luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño a la Hacienda Pública Federal superior a 40.7 millones de pesos.
La investigación deriva de observaciones realizadas durante la revisión de recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2024, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).
ASF detectó presuntas irregularidades en obras públicas
De acuerdo con la información oficial, la denuncia surge tras la Auditoría No. 980 y el Pliego de Observaciones 2024-D-15110-19-0980-06-001, mediante los cuales la ASF concluyó que no fue posible comprobar documentalmente el destino de 40 millones 717 mil 575 pesos ejercidos por el Ayuntamiento.
La auditoría revisó diez obras de infraestructura financiadas con recursos federales y encontró, entre otras observaciones:
- Expedientes de obra incompletos.
- Insuficiencia de documentación financiera y administrativa.
- Falta de evidencia sobre la ejecución de trabajos.
- Deficiencias en procesos de contratación.
- Información insuficiente para acreditar el ejercicio de los recursos públicos.
Tras analizar la documentación presentada por el municipio, el órgano fiscalizador determinó que las observaciones no fueron solventadas, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la FGR.
La Fiscalía deberá determinar posibles responsabilidades
Con la denuncia ya formalizada, corresponderá al Ministerio Público Federal integrar la carpeta de investigación para determinar si existen responsabilidades penales entre los servidores públicos que participaron en la autorización, administración, contratación, supervisión y comprobación de los recursos observados.
Hasta ahora, la ASF no ha dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados.
Sin embargo, por la naturaleza de las funciones revisadas, la investigación podría alcanzar a diversas áreas de la administración municipal relacionadas con la ejecución de obra pública y el manejo de recursos federales.
En caso de acreditarse irregularidades, las conductas podrían encuadrarse en delitos previstos por el Código Penal Federal, como:
- Peculado.
- Uso ilícito de atribuciones y facultades.
- Ejercicio ilícito del servicio público.
- Ejercicio abusivo de funciones.
Además de las posibles consecuencias penales, también podrían iniciarse procedimientos por responsabilidades administrativas conforme a la legislación vigente.
Michelle Núñez rechaza las observaciones
Luego de que se conociera la denuncia, la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce, quien obtuvo la reelección para un segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Valle de Bravo, emitió un posicionamiento público.
La alcaldesa aseguró que su administración ha actuado conforme a la ley y sostuvo que cuenta con la documentación necesaria para acreditar el correcto ejercicio de los recursos federales observados por la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, manifestó que colaborará con las autoridades competentes y atenderá los requerimientos que se presenten durante el desarrollo de la investigación.
La denuncia no implica responsabilidad penal automática
Especialistas en materia jurídica recuerdan que la presentación de una denuncia penal no constituye una sentencia ni acredita responsabilidad alguna.
Será la Fiscalía General de la República quien determine, mediante la integración de la carpeta de investigación, si existen elementos suficientes para ejercer acción penal contra algún servidor público.
Mientras tanto, las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia prevista en la Constitución.
Un caso con impacto político en el Estado de México
Más allá del proceso jurídico, la investigación representa uno de los expedientes de mayor relevancia para un gobierno municipal emanado de Morena en el Estado de México.
El caso coloca bajo escrutinio la administración de Michelle Núñez y podría tener repercusiones políticas dependiendo del resultado de las investigaciones, particularmente rumbo a los próximos procesos electorales.
Las autoridades federales continuarán con la integración de pruebas para determinar si existió un uso irregular de recursos públicos destinados a obras de infraestructura en Valle de Bravo.
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