Bukele pasa de las detenciones masivas a evaluar excarcelaciones en El Salvador: ¿qué falló en su estrategia?

Nayib Bukele evalúa la libertad anticipada de colaboradores ocasionales de pandillas en El Salvador. La propuesta reabre el debate sobre detenciones masivas, derechos humanos y reinserción social.

Bukele reconsidera el destino de miles de detenidos en El Salvador

La política de seguridad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, enfrenta una nueva discusión: después de años de detenciones masivas contra las pandillas, su gobierno analiza la posibilidad de conceder libertad anticipada y condicional a personas encarceladas por colaborar con esas estructuras criminales.

El anuncio abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para detener a miles de personas, las diferencias entre los niveles de participación en actividades delictivas y las garantías que tendrán quienes sean considerados para recuperar su libertad.

En un primer momento, Bukele habló de beneficiar aproximadamente a la mitad de los presos que colaboraron con pandillas. Posteriormente, precisó que la revisión se dirigiría a unas 10 mil 629 personas identificadas por su gobierno como colaboradoras ocasionales, de las cuales cerca de la mitad podría ser considerada para una salida anticipada. El mandatario afirmó que no se trata de liberar a integrantes de las estructuras criminales.

Por tanto, no existe sustento para afirmar que 46 mil personas vayan a salir de prisión de manera inmediata. La propuesta plantea revisar casos individuales y, hasta la información publicada, no se había anunciado una excarcelación generalizada con una fecha definitiva.

De las capturas masivas a distinguir los grados de colaboración

El gobierno salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que amplió las facultades de las autoridades para combatir a las pandillas. La estrategia ha sido defendida por Bukele como una respuesta a décadas de violencia criminal y se ha asociado con una fuerte reducción de los homicidios reportados oficialmente.

Sin embargo, el mismo modelo también ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, presuntas violaciones al debido proceso y fallecimientos bajo custodia estatal.

Ahora, el presidente sostiene que no todas las personas que colaboraron con las pandillas tuvieron el mismo nivel de responsabilidad. Para explicar su postura, ha diferenciado entre quienes participaron directamente en delitos graves y quienes, según su versión, realizaron tareas menores, como alertar sobre la presencia policial.

Esa distinción plantea una cuestión jurídica fundamental: la responsabilidad penal debe establecerse con base en las pruebas y las circunstancias de cada caso. También es necesario determinar si algunas personas actuaron bajo amenazas o coerción y si tuvieron acceso efectivo a una defensa adecuada.

La revisión puede representar una oportunidad para corregir injusticias si se realiza con garantías legales. Pero también deja una pregunta incómoda: ¿por qué la evaluación individual de la responsabilidad no ocupó un lugar suficientemente claro desde el inicio de una política que llevó a decenas de miles de personas a prisión?

El saldo de la estrategia: seguridad, derechos humanos y dudas pendientes

La reducción de la violencia homicida ha sido uno de los principales argumentos de Bukele para defender su política de seguridad. No obstante, evaluar una estrategia pública requiere considerar tanto los resultados en seguridad como sus costos institucionales y humanos.

Organizaciones humanitarias han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. Estas denuncias requieren investigaciones independientes y respuestas verificables de las autoridades.

La existencia de estos señalamientos no significa que todas las personas detenidas sean inocentes ni que todas hayan cometido delitos. Precisamente por eso, el análisis individual de los expedientes, las pruebas y las garantías judiciales resulta indispensable.

Tampoco basta con anunciar posibles liberaciones. Si una persona recupera su libertad después de años de encarcelamiento, el Estado debe establecer mecanismos que permitan su reintegración social, acceso a oportunidades laborales y acompañamiento cuando sea necesario. De lo contrario, la salida de prisión podría convertirse en otro problema sin resolver.

¿Hay una política de reinserción detrás de las posibles liberaciones?

La revisión de los casos también obliga a examinar qué sucederá después de una eventual excarcelación. El gobierno salvadoreño ha planteado que las personas beneficiadas podrían quedar sujetas a condiciones y vigilancia, y se ha mencionado su posible incorporación a programas de trabajo comunitario.

Sin embargo, todavía es importante conocer con precisión cuáles serán los requisitos de elegibilidad, qué autoridad resolverá cada expediente, qué mecanismos permitirán impugnar una decisión y qué garantías tendrán las personas que consideren haber sido detenidas injustamente.

Una política de seguridad no debería medirse únicamente por el número de capturas o por la cantidad de personas que permanecen encarceladas. También debe evaluarse por su capacidad para investigar delitos con pruebas, evitar condenas injustas, proteger a las víctimas y reducir las condiciones que facilitan el regreso a la criminalidad.

La seguridad no debe depender solamente de las cárceles

El caso de El Salvador muestra los riesgos de presentar una estrategia de seguridad como una solución definitiva antes de evaluar todas sus consecuencias. Las detenciones masivas pueden producir resultados inmediatos en determinados indicadores, pero también generan obligaciones legales y sociales que no desaparecen con el paso del tiempo.

Que el gobierno de Bukele contemple revisar casos de personas consideradas colaboradoras ocasionales puede abrir una vía para distinguir responsabilidades y corregir posibles errores. Lo que aún debe explicarse es cómo se tomarán las decisiones, qué controles independientes existirán y cómo se garantizará que ninguna persona permanezca encarcelada sin fundamento legal.

La crítica no consiste en negar la necesidad de combatir a las pandillas ni en minimizar el sufrimiento de las víctimas de la violencia. Consiste en exigir que la seguridad pública se construya con pruebas, justicia y rendición de cuentas, y no solamente con cifras de capturas o imágenes de prisiones llenas.

¿Puede considerarse exitosa una política de seguridad si logra reducir los homicidios, pero deja dudas sobre el debido proceso, las detenciones injustas y la reinserción de quienes recuperen su libertad?

La respuesta exige observar los resultados completos: la protección de la población, el respeto a los derechos fundamentales, la reparación de posibles abusos y la capacidad del Estado para evitar que la violencia vuelva a convertirse en una amenaza cotidiana.

El verdadero desafío para El Salvador no será solamente decidir quién puede salir de prisión, sino demostrar que su sistema de justicia puede distinguir con rigor entre culpabilidad, colaboración bajo amenaza y detención injustificada.

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