Jimena Mercado Romero, mujer trans y derechohabiente del ISSEMyM desde hace nueve años, ha denunciado públicamente la cancelación arbitraria de una cirugía de reasignación de sexo, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos médicos y administrativos que establece el propio instituto.
Desde el año 2022, Jimena ha seguido una terapia de reemplazo hormonal como parte de su proceso de transición, bajo supervisión médica especializada. Como complemento a su tratamiento integral, se le indicó la necesidad de una cirugía de reasignación de sexo, paso esencial para el reconocimiento de su identidad de género y su bienestar físico y emocional.
El 26 de septiembre de 2024, Jimena formalizó su solicitud quirúrgica ante el Centro Médico del ISSEMyM. Le fue asignada una fecha para abril de 2025, que incluso fue adelantada para febrero de ese mismo año. Sin embargo, al presentarse en el hospital el día programado, la intervención fue suspendida sin previo aviso formal.
Según el testimonio de Jimena, la negativa a proceder con la cirugía fue comunicada de manera verbal el mismo día, sin existir ninguna minuta, dictamen o notificación por escrito. La justificación ofrecida por el personal médico fue la supuesta falta de un dictamen del Comité de Bioética del ISSEMyM, pese a que no se entregó evidencia de ello.
“La cirugía fue cancelada de forma verbal ese mismo día, argumentando la falta de un dictamen del Comité de Bioética. No existió minuta, ni dictamen, ni justificación oficial”, afirmó Jimena.
La afectada cuenta con todos los documentos clínicos, psicológicos y administrativos requeridos para llevar a cabo su intervención médica. Ante esta situación, presentó un amparo el 23 de abril de 2025, buscando proteger su derecho a la salud y al reconocimiento legal de su identidad de género.
El pasado 11 de julio, el Juzgado Noveno de Distrito negó el amparo solicitado por Jimena. En su resolución, el ISSEMyM argumentó que la cirugía tenía fines “estéticos”, lo cual fue interpretado por la denunciante como un acto de transfobia institucional.
“El juez ignoró las más de 100 páginas de pruebas clínicas y científicas que presenté, incluyendo mi expediente médico. Mientras tanto, ISSEMyM solo entregó cinco líneas sin sustento”, señaló Jimena con indignación.
Frente a la negativa judicial, Jimena ha interpuesto un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado y ha promovido una nueva demanda de amparo, esta vez directamente contra el memorándum emitido por el ISSEMyM que dio pie a la cancelación de la cirugía. Su objetivo: reactivar el procedimiento quirúrgico y sentar un precedente para que ninguna otra persona trans enfrente este tipo de obstáculos.
El caso de Jimena Mercado pone en el centro del debate el acceso a la salud para personas trans, el respeto a la identidad de género y la obligación de las instituciones públicas de garantizar un trato digno, sin discriminación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han comenzado a pronunciarse, señalando que este tipo de prácticas podrían constituir violaciones a tratados internacionales firmados por México en materia de igualdad y no discriminación.
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