La inseguridad en México ha dejado una huella profunda en la economía del país, afectando de manera significativa a los pequeños y medianos comercios en estados como Chiapas, Sinaloa, Michoacán y Morelos. De acuerdo con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), uno de cada cuatro comercios ha tenido que cambiar de dirección, modificar su actividad o incluso cerrar debido al clima de violencia que impera en estas regiones. Este escenario está obligando a muchos empresarios a tomar medidas extremas para proteger a sus empleados y sus inversiones.
En ciudades como Culiacán y Tapachula, muchos comerciantes que tienen la posibilidad de mudarse optan por hacerlo, escapando de la violencia que ha llegado a niveles insostenibles. Rivera señaló que las empresas no solo han reducido sus horarios de atención al público, sino que muchas operan tras rejas o ventanillas para protegerse de posibles ataques, lo que ha generado una disminución del 25% en las ganancias.
“Los negocios no pueden soportar el ambiente violento en el que operan. La inseguridad está afectando gravemente su capacidad de operación, y quienes pueden mudarse lo hacen”, explicó Cuauhtémoc Rivera. Los horarios reducidos y la atención limitada detrás de barreras físicas, aunque necesarias para la seguridad, han afectado directamente la rentabilidad de las empresas.
En Culiacán, la situación es aún más crítica. Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán (UCC), advirtió que la violencia ha causado pérdidas económicas que superan los 2 mil millones de pesos en las últimas semanas. Este panorama sombrío está afectando a todos los niveles de la economía local, y la cifra de pérdidas sigue en aumento a medida que el clima de inseguridad persiste.
Por otro lado, el Instituto para la Economía y la Paz estimó que el impacto económico total de la violencia en México asciende a 4.9 billones de pesos, lo que equivale al 19.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023. Esta cifra incluye los daños derivados de homicidios, delitos violentos, crímenes organizados, gastos en fuerzas armadas y seguridad pública, así como el sistema judicial. La magnitud de estas cifras evidencia la enorme presión que la violencia ejerce sobre el desarrollo económico del país.
Para hacer frente a esta crisis, los comerciantes de Culiacán han adoptado diversas medidas. Entre ellas, destaca la decisión de abrir sus puertas en horarios regulares para mantener una apariencia de normalidad y no ahuyentar a sus clientes, a pesar de los riesgos. Además, el gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Culiacán han lanzado un programa de microcréditos que ofrece préstamos de hasta 25 mil pesos a pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de aliviar parte de la presión financiera que enfrentan.
Sin embargo, Paloma Sánchez Ramos, senadora por Sinaloa, ha señalado que estos apoyos no son suficientes para garantizar la supervivencia de los comercios en medio de la creciente ola de violencia. Además, los comerciantes asistirán a capacitaciones organizadas por la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (Unipol) para aprender a manejar situaciones de alto impacto, lo que les permitirá reaccionar de manera más efectiva en caso de emergencias.
El impacto de la violencia no solo ha afectado a los pequeños comercios, sino también a grandes empresas como Coca-Cola Femsa y Oxxo, que han visto la necesidad de cerrar operaciones en regiones altamente conflictivas. Coca-Cola Femsa, por ejemplo, suspendió recientemente sus operaciones en Puente de Ixtla, Morelos, debido a la escalada de violencia en la zona. Oxxo, por su parte, ha enfrentado situaciones similares en Sinaloa y Michoacán.
Estas decisiones, aunque necesarias para garantizar la seguridad de los empleados, generan un impacto negativo en las economías locales y evidencian la gravedad de la situación de violencia en México.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, lamentó profundamente las pérdidas económicas y sociales que la violencia está generando, especialmente en los pequeños comercios. “Es crucial que se restablezca la paz y la seguridad para garantizar la estabilidad de las empresas”, señaló de la Torre.
La violencia no solo pone en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también está ahogando la actividad económica, generando un ambiente hostil que amenaza con detener el crecimiento y el desarrollo de muchas regiones del país. Sin una solución inmediata y efectiva, miles de negocios más podrían enfrentarse a la quiebra, afectando aún más la ya frágil economía local.
En conclusión, la violencia en México está afectando de manera directa tanto a pequeños comercios como a grandes empresas, generando pérdidas millonarias y afectando la estabilidad económica del país. Es urgente que se implementen medidas de seguridad más efectivas y programas de apoyo financiero que realmente puedan ayudar a las empresas a sobrevivir en este ambiente hostil.
