Pablo Lemus anunció una investigación por abusos policiales durante la protesta por el agua en Guadalajara. La CNDH atraerá el caso y los siete detenidos fueron liberados.
GUADALAJARA, Jalisco.— El gobernador Pablo Lemus Navarro anunció una investigación interna y prometió sanciones contra los policías que hayan incurrido en excesos durante la manifestación por el agua realizada el domingo en Guadalajara, luego de que circularan videos del operativo y organizaciones denunciaran posibles violaciones a los derechos humanos.
En un mensaje publicado en sus redes sociales el 13 de octubre, el mandatario reconoció que el despliegue policial se salió de control y sostuvo que los agentes no debieron utilizar agua ni gas contra las personas manifestantes.
Lemus afirmó que ya fueron identificados algunos elementos presuntamente involucrados y aseguró que se investigarán los hechos para determinar responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes y, en su caso, reparar los daños.
La investigación contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que atraerá el caso para revisar las posibles violaciones a derechos fundamentales.
CNDH revisará posibles detenciones arbitrarias y agresiones
La intervención de los organismos de derechos humanos se produjo después de que familiares y organizaciones civiles exigieran esclarecer las detenciones ocurridas durante la protesta y garantizar la liberación de las personas arrestadas.
La CNDH manifestó preocupación por los reportes de personas lesionadas, posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación. También señaló que durante la movilización había niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
El organismo recordó que la protesta social es un derecho que debe respetarse y que su ejercicio no justifica represalias ni el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza pública.
La atracción del caso busca que se examinen las actuaciones de las autoridades y se esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Las posibles responsabilidades deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
Los siete detenidos quedaron en libertad, pero continúan acciones legales
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) informó que los siete hombres detenidos durante las movilizaciones fueron puestos en libertad.
Entre ellos se encuentran David Isaac Álvarez Hernández, Israel Rosas Flores, Iván Octavio, Alexis Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava.
Sin embargo, la organización aclaró que la liberación no significa que hayan concluido todos los procedimientos legales, pues la Fiscalía de Jalisco mantiene acciones contra varias de las personas por presuntos delitos de lesiones.
Por ello, será necesario conocer el avance de las investigaciones y las determinaciones de las autoridades judiciales para establecer la situación jurídica de cada involucrado.
Lemus también responde a las dudas sobre el acueducto Chapala-Guadalajara
En el mismo mensaje, el gobernador abordó las inquietudes relacionadas con el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, una obra vinculada con el debate sobre el abastecimiento de agua en la zona metropolitana.
Lemus aseguró que el servicio de agua potable no será privatizado, que el proyecto no generará deuda pública y que no se incrementarán las tarifas para la ciudadanía. También rechazó que el suministro vaya a quedar en manos de una empresa israelí.
Estas declaraciones responden a algunas de las preocupaciones expresadas en torno al proyecto. No obstante, la discusión sobre el agua requiere información pública suficiente para que la población pueda conocer las condiciones de la obra, su financiamiento, sus efectos y los mecanismos de vigilancia.
Prometer sanciones es el comienzo, no el cierre del caso
Cuando una manifestación termina con personas detenidas y denuncias de posibles agresiones, la responsabilidad de las autoridades no se limita a ofrecer explicaciones después de que los hechos se vuelven virales. Es necesario esclarecer lo ocurrido con pruebas, procedimientos imparciales y resultados que puedan ser conocidos por la ciudadanía.
La promesa de Pablo Lemus de investigar y sancionar a los elementos responsables debe traducirse en información verificable: qué ocurrió durante el operativo, qué agentes participaron, si se identificaron irregularidades y qué medidas se adoptaron para evitar que se repitan.
También es importante distinguir entre la liberación de las personas detenidas y el esclarecimiento de las denuncias. Ambos procesos requieren seguimiento, respeto al debido proceso y garantías para todas las personas involucradas.
El debate por el agua tampoco debe perder de vista el derecho de la población a expresar sus inconformidades. Las autoridades tienen la obligación de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y de investigar cualquier posible abuso, sin prejuzgar responsabilidades antes de que se acrediten.
¿La investigación anunciada por el gobierno de Jalisco dará a conocer públicamente sus resultados y sancionará, si corresponde, a los responsables, o las denuncias por el operativo quedarán sin una respuesta clara para la ciudadanía?
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