Ley de Rentas de Clara Brugada deja dudas: Airbnb queda fuera y persisten vacíos contra la gentrificación

Ciudad de México. La iniciativa de Ley de Rentas Justas impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca frenar el encarecimiento de la vivienda y proteger a quienes rentan en la capital; sin embargo, las exclusiones reconocidas por su propia administración y la falta de claridad sobre algunos mecanismos de vigilancia ponen en duda el alcance real de la propuesta.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra que los alojamientos temporales ofrecidos mediante plataformas como Airbnb no estarán regulados por esta nueva ley, mientras que ciertas modalidades tradicionales de alquiler de habitaciones tampoco quedarían contempladas. A esto se suma que el proyecto no establece una distinción clara entre quienes rentan una propiedad para complementar sus ingresos y quienes concentran decenas o cientos de inmuebles.

El problema no es menor. En una ciudad donde el costo de la vivienda preocupa a miles de familias, estudiantes y trabajadores, una legislación que pretende combatir la gentrificación necesita atender las distintas formas en que funciona el mercado inmobiliario, sin dejar vacíos que debiliten su aplicación.

Clara Brugada promete frenar las rentas, pero la medida ya existía

Durante una conferencia de prensa realizada el 22 de octubre, Clara Brugada defendió su propuesta como una herramienta equilibrada para contener la especulación inmobiliaria y garantizar mayor protección a los inquilinos.

Sin embargo, uno de los principales mecanismos anunciados —impedir que las rentas aumenten por encima de la inflación anual— ya está contemplado en el Código Civil de la Ciudad de México desde agosto de 2024. La disposición fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2026, de acuerdo con la información proporcionada.

La propia mandataria reconoció que la medida no es nueva y argumentó que, pese a estar vigente, los incrementos irregulares continúan.

Esta explicación abre una interrogante fundamental sobre la gestión de su gobierno: si la legislación existente no ha conseguido frenar los abusos, ¿qué garantiza que una nueva ley sí funcionará?

Brugada sostiene que la diferencia estará en fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la norma. No obstante, el desafío consiste en pasar de los anuncios a una supervisión efectiva, con procedimientos claros, sanciones aplicables y resultados que puedan comprobarse.

Airbnb queda fuera de la nueva ley y la regulación sigue pendiente

Uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento de las plataformas de alojamiento temporal. La iniciativa de Rentas Justas no incorporará directamente a servicios como Airbnb, cuyos inmuebles continuarán sujetos a la legislación turística de la capital.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, explicó que la regulación de las rentas digitales sigue en proceso y reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

La normativa turística contempla el registro de anfitriones e inmuebles y establece un límite de ocupación de 50 por ciento de las noches del año. Sin embargo, según lo expuesto por el funcionario, todavía hacen falta herramientas para fortalecer su cumplimiento.

Aquí aparece una de las principales debilidades de la estrategia: mientras el gobierno busca contener el encarecimiento de la vivienda habitual, deja para otro proceso la discusión sobre los alojamientos temporales.

Esto no significa que Airbnb sea, por sí solo, la causa de la gentrificación, un fenómeno con múltiples factores económicos y urbanos. Pero excluir estas modalidades de la nueva legislación deja pendiente la pregunta de cómo se coordinarán las distintas normas para atender sus posibles efectos en la disponibilidad y el precio de las viviendas.

Pequeños propietarios y grandes arrendadores: una diferencia que falta definir

Otro aspecto cuestionado es la ausencia de reglas diferenciadas para pequeños propietarios y grandes arrendadores.

No es lo mismo una persona que renta una vivienda para complementar sus ingresos que un operador que administra decenas o cientos de inmuebles. Aunque ambos participan en el mercado de alquiler, su capacidad económica, volumen de operación e impacto potencial pueden ser muy distintos.

Durante la presentación, Muñoz Santini señaló que el proyecto busca dar certeza jurídica, especialmente a los pequeños propietarios, pero reconoció que el tratamiento diferenciado todavía puede discutirse durante el proceso legislativo.

Que este punto permanezca abierto representa una oportunidad para mejorar la iniciativa, pero también evidencia que la propuesta aún necesita definiciones importantes.

Si la intención es equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos, el Congreso capitalino tendrá que valorar cómo evitar cargas desproporcionadas para quienes poseen una sola vivienda y, al mismo tiempo, establecer herramientas adecuadas para supervisar a quienes concentran grandes cantidades de propiedades.

La Defensoría Inquilinaria, una promesa que deberá demostrar resultados

Entre las medidas propuestas por Brugada destaca la creación de una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecería asesoría jurídica gratuita, mediación y representación legal tanto a propietarios como a inquilinos.

La iniciativa también plantea fortalecer el registro digital de contratos, establecer reglas sobre depósitos y garantías, prohibir prácticas discriminatorias en el acceso a la vivienda y crear un Gabinete de Acompañamiento Social para apoyar a familias vulnerables durante procesos de desalojo.

Además, contempla ampliar la vivienda pública y asequible, mejorar inmuebles existentes y establecer un Observatorio Público de Vivienda para analizar los precios de las rentas, el suelo y las dinámicas del mercado inmobiliario.

Sobre el papel, estas medidas abordan problemas relevantes. Sin embargo, su eficacia dependerá de aspectos que deben quedar claramente establecidos: presupuesto, personal, atribuciones, procedimientos de denuncia, tiempos de respuesta y mecanismos para verificar el cumplimiento de la ley.

La creación de nuevas instituciones no garantiza por sí misma una mejor protección. Sin recursos suficientes y responsabilidades definidas, existe el riesgo de sumar trámites sin resolver las dificultades que enfrentan las personas que buscan una vivienda accesible.

Una iniciativa anunciada desde 2025 llega con pendientes

La propuesta también arrastra una demora política. Clara Brugada anunció en julio de 2025 que impulsaría una ley para enfrentar la gentrificación, luego de las protestas vecinales contra el encarecimiento de las rentas y el desplazamiento de habitantes en distintas zonas de la capital.

La iniciativa no llegó al Congreso en el plazo inicialmente planteado. En abril de 2026, la jefa de Gobierno presentó una ruta legislativa que contemplaba primero una reforma constitucional y después una regulación específica del arrendamiento.

Finalmente, la propuesta de Ley de Rentas Justas fue entregada al Congreso capitalino el 14 de octubre y turnada a comisiones el día 20, con un plazo de 45 días hábiles para elaborar el dictamen, con posibilidad de solicitar una prórroga.

La demora no invalida por sí misma el contenido de la iniciativa, pero sí aumenta la exigencia de resultados. Durante meses, el gobierno presentó el combate a la gentrificación como una prioridad; ahora debe demostrar que su propuesta puede traducirse en protección efectiva y no quedarse en una promesa política.

¿Podrá Clara Brugada combatir la gentrificación con una ley que aún tiene vacíos?

La crisis de vivienda en la Ciudad de México requiere más que límites a los incrementos de renta. También demanda información confiable sobre el mercado, mayor oferta de vivienda asequible, vigilancia efectiva y reglas que contemplen las distintas modalidades de arrendamiento.

La iniciativa de Brugada contiene medidas que podrían fortalecer los derechos de propietarios e inquilinos, pero las exclusiones de los alojamientos temporales, la falta de diferenciación entre arrendadores y las dudas sobre la supervisión muestran que todavía hay aspectos por resolver.

La responsabilidad del gobierno no termina con presentar una iniciativa ni con defenderla ante la prensa. Debe explicar cómo se aplicará, quién vigilará su cumplimiento y qué ocurrirá cuando se detecten abusos.

La pregunta para los habitantes de la capital es inevitable: ¿será suficiente una nueva ley para frenar la gentrificación si las reglas existentes no se han hecho cumplir y algunos de los factores que influyen en el mercado quedan fuera de la propuesta? La respuesta dependerá menos de los anuncios y más de la capacidad de la administración de Clara Brugada para convertir sus compromisos en resultados verificables.

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